Frente a la decisión del gobierno porteño de desconocer todo tipo de responsabilidad en el incendio de Flores, donde murieron dos niños de siete y diez años, legisladores de distintas bancadas presentaron una denuncia penal y seis pedidos de informes en la Legislatura. El diputado Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, que había denunciado en septiembre la existencia de un taller clandestino en el lugar de la tragedia, acusó penalmente por “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento”, entre otros funcionarios, a la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, y al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Mientras tanto, la filial Capital de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) reclamó la renuncia del director de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, del titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan Gómez Centurión, y del subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor.

La CTA Capital anunció una movilización a la sede de la Dirección del Trabajo, en Bartolomé Mitre 575, a realizarse el 7 de mayo, a las 12, en forma conjunta con la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. La manifestación se hará para demandar la renuncia de Macchi, Gómez Centurión y Sabor. El secretario general de la CTA porteña, Eduardo López, afirmó que cuando Macri asumió como jefe de Gobierno “desmanteló los controles del trabajo y la subsecretaría que tenía a su cargo las inspecciones”. Agregó que “la presencia del Estado debe servir para garantizar derechos y para evitar muertes absurdas y terribles”, como las ocurridas el lunes en el subsuelo de una vivienda de la calle Páez 2796, en el barrio de Flores. El titular de la CTA nacional, Hugo Yasky, destacó que lo ocurrido en Flores “no fue un accidente sino la consecuencia de la ausencia del Estado y la explotación del trabajo migrante y semiesclavo”.

Por su parte, el diputado porteño Gustavo Vera informó que ayer presentaron “una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario y encubrimiento contra Vidal, Rodríguez Larreta, Ezequiel Sabor, y el director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión”.

La presentación fue hecha ante el juzgado federal de Sergio Torres, y el fiscal Carlos Rívolo. Vera sostuvo que “Vidal y Rodríguez Larreta estuvieron abiertamente, como altos funcionarios del gobierno porteño, diciendo que jamás tuvieron conocimiento de este taller, mientras que hay documentos del propio Gobierno de la Ciudad que dicen todo lo contrario”.

El documento citado es una nota con membrete del gobierno porteño, fechada el 21 de noviembre de 2014, en la que la administración macrista informó que “no se registraron inspecciones de higiene y seguridad” en la vivienda de Páez 2796, en respuesta a una denuncia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en un expediente “sobre posible trata de personas con fines de explotación laboral” en 32 lugares señalados por La Alameda, entre ellos la vivienda de la calle Páez.

En declaraciones públicas, tanto Vidal como Rodríguez Larreta aseguraron que el local de Páez 2796 “no estaba denunciado como taller clandestino”, afirmación desmentida en forma rotunda por el documento señalado y que fue dado a conocer, en su edición de ayer, por Página/12. La denuncia sobre la existencia de ese taller ilegal había sido realizada en septiembre del año pasado por La Alameda ante la Protex, que a su vez había pedido la intervención de las autoridades porteñas.

La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, señaló que “la falta de reglamentación de la ley 3019, que permitiría regular la actividad de estos talleres, combinada con la falta de control, demuestran cuál es la intencionalidad de política pública” del gobierno de Mauricio Macri. La agencia de Protección del Trabajo porteña puede demorar “hasta 920 días en expedirse sobre las actas de inspección realizadas”, según un informe de la Auditoría.

Allí se asegura que “de las 48.800 inspecciones programadas, sólo se hicieron 35.805”. El cuerpo de inspectores cuenta con 109 agentes, que representan el 42 por ciento del personal activo. Otros problemas, a la hora de sancionar irregularidades, están dados por multas cuyos valores no han sido actualizados, que datan de 1999, tanto como la “tardanza excesiva en el proceso de aplicación de las penalidades”.

Mientras tanto, en la Legislatura porteña, ya son seis los pedidos de informe al gobierno por lo ocurrido el lunes en Flores. Los que están impulsando esas presentaciones son los legisladores José Cruz Campagnoli, Gabriela Cerruti, Jorge Aragón, Claudia Neira, Gustavo Vera, Lorena Pokoik y Maximiliano Ferraro.