La protección del personal involucrado en la gestión de riesgo, sea éste voluntario o no, debe estar entre las preocupaciones principales de quienes conducen la respuesta estatal frente a las emergencias y los desastres.

El espantoso recuerdo de las diez muertes acontecidas el 5 de febrero de 2014 en Iron Mountain es una referencia cercana e ineludible sobre el peligro a que el personal humanitario puede estar expuesto. Claro está, la certificación por parte de los peritajes del incendio intencional, la existencia de datos vinculantes con delitos económicos y la desaparición de pruebas transforman lo sucedido en un vórtice aún más ominoso.

En ocasión de cumplirse un año, en el acto de homenaje, el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Ferlise, se dirigió a las autoridades del Gobierno de la Ciudad para solicitar que se arbitren mecanismos para saber con qué tipo de material se van a encontrar los bomberos y trabajadores que asistan a un incidente. “Deben abrirse las puertas de las diferentes empresas e industrias. Muchas veces vamos y no sabemos con qué nos encontraremos y esto hace que corramos muchos riesgos” advirtió.

Es más difícil aún saber qué hay dentro de la cabeza criminal que, encendiendo el fuego, ataca directamente no sólo la vida del personal de respuesta, sino también de vecinos y transeúntes.

La inquietud sobre lo que pueda haber detrás de las puertas está potenciada por las falencias del control estatal, que aparecen como otra línea de amenaza, como quedó demostrado en las respuestas que el Gobierno de la Ciudad dio respecto de su accionar antes, durante y después de la tragedia de Barracas.

La preocupación por la falta de información sobre los materiales obrantes dentro de los depósitos, o cualquier otro establecimiento, al momento de atender la emergencia de un siniestro, me motivó a presentar un proyecto de ley para crear una base de datos de información de incendios de la Ciudad, que fue acompañado por distintos diputados de diferentes bancadas. Su objetivo es, entre aquellos organismos con competencia en la materia, consolidar información sobre los materiales que se encuentren en el interior y sus categorías: explosivos, inflamables y muy combustibles, entre otros. Es necesario también saber si hay acelerantes ígneos y cuáles son antes de que los incidentes ocurran.

La base de datos deberá ser accesible en tiempo real, estar actualizada y servir para prevenir los riesgos no sólo dentro del local, sino también en los aledaños que puedan ser afectados por las llamas. Esto permitirá una mejor programación del operativo del incendio, por ende salvará vidas, minimizará los daños en salud de rescatistas y vecinos, y reducirá sus alcances.

Mientras las diferentes investigaciones (el hecho criminal, los delitos económicos vinculados, la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, etc.) sobre lo sucedido en la calle Azara continúan, debemos poner en marcha líneas de trabajo destinadas también a prevenir y proteger a los servidores públicos que aparecen con alta exposición al peligro. Es y será responsabilidad del Estado hacerlo, más allá, en este caso, de las manos criminales que iniciaron la deflagración.

La Ciudad, después de la terrible tragedia de Barracas, de febrero de 2014, debe contar con normativas adecuadas a la prevención y protección de los bomberos, rescatistas y trabajadores de la gestión del riesgo.

* Diputado del FpV en la Ciudad, ex presidente de Cascos Blancos.