El taller textil del barrio de Flores en el que murieron dos niños de 5 y 10 años la semana pasada como consecuencia de un incendio volvió a prenderse fuego ayer al mediodía, antes de que se realizaran los peritajes correspondientes. Todavía se desconocen los motivos que desencadenaron el siniestro. El legislador porteño Gustavo Vera y Eduardo López, titular de UTE-Ctera, sostuvieron que fue intencional, para borrar pruebas que incriminarían a primeras marcas con la red de explotación laboral que, se presume, funcionaría en la vivienda. Un grupo de diputados pidió una sesión extraordinaria de la Legislatura porteña para interpelar al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, a fin de que explique por qué el gobierno porteño ignoró las denuncias existentes sobre el taller. Una masiva movilización junto al padre de los nenes fallecidos exigió la renuncia del director de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, quien será denunciado por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El nuevo incendio en la vivienda de Páez 2796 fue controlado por tres dotaciones de bomberos, cuyo personal debió ingresar con máscaras de oxígeno a raíz de las dificultades de accesibilidad del inmueble. El lugar estaba con custodia policial.

Una hora antes, una movilización a la Subsecretaría de Trabajo, convocada por la CTA Capital, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y la Asamblea Textil de Flores, se manifestaban junto con el padre de los niños fallecidos para reclamar justicia, rechazar el trabajo infantil y exigir la renuncia de Macchi. Edgardo Castro, inspector de Trabajo de la Ciudad, anunció que presentará una denuncia judicial contra el funcionario, en la causa que investiga la muerte de los dos niños, el 27 de abril.

“Estábamos con la familia de Rodrigo y Rolando, los nenes que murieron la semana pasada, cuando nos avisan los vecinos de Flores que se estaba incendiando de nuevo el taller”, indicó Gabriela Carpineti, una de las abogadas de los padres de las víctimas.

La abogada explicó que “el lugar donde funcionaba el taller era parte de un condominio donde en la parte de atrás vive la dueña del inmueble, que le alquilaba al empleador de los costureros el ‘local’”. Dentro de la vivienda, clausurada desde el 27, todavía se encontraban las máquinas, que según la letrada “eran propiedad de los costureros porque el empleador se las había cedido, porque le debía pagos”. “También había documentación que acreditaba el vínculo laboral que nosotros estamos denunciando y otra documentación importante y todavía no se había realizado el peritaje”, aseguró Carpineti.

En la marcha estuvieron presentes referentes sindicales, legisladores y organizaciones sociales que trabajan sobre la problemática. Respecto del incendio de ayer, Eduardo López indicó que “parece más causalidad que casualidad”, y opinó que “es muy raro que se prenda fuego; adentro había papeles que se perdieron. Detrás de cada taller de éstos hay marcas grandes y complicidades muy importantes”.

Humberto Rodríguez, secretario adjunto de ATE Capital, señaló que “si uno quisiera ser bondadoso hablaría de negligencia, porque se volvió a incendiar el lugar, pero si se quiere ser mal pensado se podría decir que se incendió porque habría allí pruebas que comprometían a los actores a investigar”.

El legislador porteño y referente de la organización La Alameda, Gustavo Vera, advirtió que este segundo siniestro en diez días es “obviamente intencional y claramente un hecho mafioso para borrar pruebas”. “Lo incendiaron para quemar etiquetas y remitos que involucran a primeras marcas que contratan a estos talleres donde explotan a cientos de personas”, señaló.

La semana pasada, Vera denunció connivencia policial en el funcionamiento del taller clandestino de Flores y presentó documentación que acreditaba que la administración macrista conocía la situación en la vivienda siniestrada. En este sentido, un grupo de diputados pidió una sesión especial para que Rodríguez Larreta y los responsables de la Agencia Gubernamental de Control “expliquen por qué ignoraron las denuncias existentes sobre este taller”, según contó el legislador Marcelo Ramal.