En la segunda audiencia del juicio por Pyme Vip, el prostíbulo mendocino cuyo dueño, Sebastián Solé Recabarren, está acusado de trata de personas para explotación sexual y lavado del dinero, declararon dos sospechados de integrar la banda que facilitaba la operación del boliche. Ambos negaron toda responsabilidad. La semana próxima declararían víctimas, entre ellas la mujer que logró escapar del lugar y realizar la denuncia.

En primer término, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, el ginecólogo Osvaldo Pastorino Garay desmintió haber brindado sus servicios a las mujeres explotadas sexualmente en el boliche, ubicado ante el hotel Hyatt y a cien metros de una delegación policial. Los investigadores establecieron que Pastorino Garay practicó abortos a al menos dos de las mujeres explotadas. “No hago abortos, a Solé lo conocí cuando estuvimos detenidos en el mismo pabellón”, aseguró, en referencia a la prisión preventiva que ambos cumplen. Por su parte, el cabo primero de la Policía Federal Angel Marcelo Arias aseguró que no está implicado en la operatoria del lugar que, de acuerdo con informes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), querellante en la causa, generaba un millón de pesos al mes. A Solé, dijo, “me lo presentó Marcelo Rosental, que es amigo de mis superiores y tiene un hotel a la vuelta de la brigada. Nos reunimos con él en un drugstore porque nos iba a dar un dato de drogas”.