Ni una menos fue un acontecimiento político-cultural que permitió la puesta en escena de una preocupación ciudadana asumida por una parte significativa de la población y que subordinó, por lo menos momentáneamente, las preferencias políticas partidarias. El Centro de Estudios de Opinión Pública y Estudios Sociales (Copes) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, desplazó un equipo de investigadores y estudiantes que estuvieron en la marcha para “conocer las experiencias y las percepciones de la mujeres participantes sobre la violencia de género”. El resultado del estudio muestra que más de las mitad (57 por ciento) de las mujeres encuestadas dice haber sufrido violencia psicológica y casi la totalidad (95,5 por ciento) señala haber sido víctima de comentarios inapropiados o humillantes en la vía pública. Un tercio pide actuación “más rápida y eficaz” de la Justicia y un número similar reclama “mayor conciencia a nivel social”.

El estudio, conducido por el director del Copes, el sociólogo Carlos De Angelis, reunió la opinión de 281 mujeres provenientes de distintos lugares, con diferentes edades y trayectorias, que concurrieron al acto en su mayoría (54,5 por ciento) acompañadas por amigos o amigas. El 89 por ciento de las encuestadas por Copes dijo no estar identificada con ningún tipo de militancia, lo que demostraría que la iniciativa se aglutinó en torno a un derecho y a una reivindicación de la ciudadanía al margen de las convocatorias orgánicas de las organizaciones políticas y sociales.

Motivos

¿Por qué fueron las encuestadas a la movilización? El 84 por ciento señaló, con diferentes expresiones, su respaldo a las consignas y apenas el trece por ciento dijo haberse sentido llamada a participar por “haber sufrido violencia de género” o por “conocer a una víctima”. Sin embargo, de las entrevistadas el 23,4 por ciento dijo haber sido víctima de abuso o intimidación sexual, y un 27,5 por ciento de agresiones físicas. Un dato por demás significativo es que más de la mitad de las mujeres (55,8 por ciento) aseguró que han sido “subestimadas sus capacidades” y/o han sido sometidas a “discriminación laboral”.

La investigación también indagó sobre la actitud que tomaron las mujeres violentadas después de ocurridos los hechos de los que fueron víctimas. El 84 por ciento dijo no haber realizado la denuncia, argumentando razones diversas que van desde no haber considerado la situación “como suficientemente grave” (50 por ciento), hasta la “falta de confianza en los organismos” encargados de recibir las denuncias (21 por ciento) y el miedo a las posibles repercusiones o represalias (14 por ciento). Otro diez por ciento aludió desconocimiento respecto de a dónde recurrir y el ocho dijo que sintió vergüenza de exponer lo sucedido.

Otro aspecto indagado estuvo relacionado con el tratamiento que los medios de comunicación dan a los casos de violencia de género. En las respuestas se observa una fuerte crítica hacia los medios de comunicación: el 55 por ciento considera que la problemática es tratada de manera “frívola y liviana”. Apenas el 17 por ciento dice que los temas son tratados “correctamente y con respeto” y un once no se sintió representada con ninguna de estas opciones. Gran parte de quienes dieron esta última respuesta argumentaron que los medios no pueden entenderse como un grupo homogéneo y las formas en que se tratan estos temas son disímiles.

Responsabilidades

El 80 por ciento señaló que todos los niveles de gobierno han hecho “poco o nada” respecto de la violencia contra las mujeres pero, al mismo tiempo, hacen caer el mayor peso de la responsabilidad en la Justicia y en la falta de conciencia social. El 66 por ciento dijo conocer o al menos haber escuchado hablar, de la ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (ley 26.485) sancionada en 2009 y reglamentada en 2010. En la misma línea el 52 por ciento sostuvo que existen instrumentos legales para trabajar contra la violencia de género pero que, no obstante ello, la Justicia no cumple con sus obligaciones o termina favoreciendo a los agresores (36 por ciento). Un significativo 29 por ciento sostuvo que el problema no radica en la falta de leyes o en su implementación, sino en el hecho de que la sociedad no está suficientemente sensibilizada respecto del tema.

Como consecuencia, un tercio de las respuestas acerca de las acciones a emprender se encaminó a señalar que el tema tiene que ser abordado en todas las instancias del sistema educativo, pero un 26 por ciento dijo que es necesario trabajar en herramientas para que las mujeres salgan de situaciones de violencia, apuntando entre otros al asesoramiento psicológico y jurídico. Otro diez por ciento se inclina por una labor directa con los agresores y recomiendan restricciones o limitaciones a la difusión de mensajes que atentan contra la dignidad de la mujer.

¿Qué esperan?

Otra parte de la investigación de Copes-UBA estuvo dirigida a indagar sobre las expectativas de las mujeres participantes en la movilización. El 32,7 por ciento manifestó su esperanza de que la Justicia responda “de manera más rápida y eficaz frente a las denuncias” de hechos de violencia. Pero otro 30,5 por ciento dirige su atención a que “se adquiera mayor conciencia a nivel social”. También hay demandas para el Estado, tomado en general sin discriminar entre el nivel nacional, provincial o local. El 18 por ciento de las encuestadas pidió que “haya mayor inversión/interés por parte del Estado en políticas públicas” referidas a la violencia contra las mujeres y el 13,2 por ciento solicitó que “se aplique en su totalidad la ley 26.485”. Un cuatro demandó que “los medios cambien su manera de tratar la temática” de violencia de género. Es significativo también que el 63 por ciento de las mujeres encuestadas mencionó a las redes sociales como la primera opción a la hora de recordar el medio por el cual se enteraron de la convocatoria.