La fiscalía ante la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y las querellas en la causa por el incendio en Cromañón pidieron que se confirmen las condenas impuestas a los músicos de Callejeros, a ex funcionarios del gobierno porteño y a Raúl Villarreal, encargado del local. Por su parte, las defensas insistieron con la absolución de los condenados y hasta pidieron la “nulidad absoluta” del fallo. Previamente, los músicos de Callejeros fueron recibidos con insultos por familiares de las víctimas, lo que motivó advertencias del presidente del tribunal. El informe oral de la querella afirma que hubo responsabilidad penal en los implicados. Los jueces darán el veredicto final dentro de veinte días.

El fiscal Raúl Plee, abogados de los familiares de las víctimas y defensores realizaron ayer su informe oral ante la Sala IV de la CFCP, durante una audiencia celebrada en el salón Auditorium de los Tribunales de Retiro. Ahora, Casación deberá expedirse sobre si confirma o no las penas impuestas a los condenados por la tragedia de Cromañón, en la que murieron 193 personas en diciembre de 2004.

Por la mañana, el ex líder de la banda, Patricio Santos Fontanet, y el resto de los músicos fueron recibidos en Tribunales al grito de “hijos de puta” y “asesinos” por los familiares de las víctimas, lo que generó una disputa con algunos simpatizantes de Callejeros, quienes los defendían gritando que eran “inocentes”. Ante los incidentes, Juan Gemignani –presidente del tribunal, también integrado por los camaristas Pedro David y Gustavo Hornos– formuló una “advertencia al público” sobre que se “debía guardar un estricto respeto por las normas procesales”. El clima se había caldeado cuando una mujer agredió con una patada a una de las seguidoras de Callejeros, por lo que intervino la policía y trasladó a todos los simpatizantes al piso superior de la sala, donde se ubica la prensa. Más serenos, los familiares de las víctimas comenzaron a pasar lista con los nombres de los 193 fallecidos en el boliche de Once.

En el informe oral, el fiscal Plee consideró que “existió responsabilidad penal” de los músicos y de Villarreal (mano derecha del fallecido gerenciador del local, Omar Chabán) porque “pudieron evitar la masacre de Cromañón” y subrayó que “por codicia no lo hicieron”. Plee sostuvo que la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando se produjo el incendio, el boliche estaba “habilitado para 1032 personas y había más de 4 mil”. Asimismo, los abogados querellantes Patricio Poplavsky y José Iglesias pidieron que se rechacen los recursos y se confirmen las condenas a los implicados. “Todos sabían que esto podía ocurrir, pero ninguno actuó”, aseveró Poplavsky y enumeró las falencias que motivaron el siniestro, entre ellas, “cacheos ineficientes”, que “la salida de emergencia estaba cerrada con un candado” y que “se usó pirotecnia porque en Cromañón se podía”. El letrado cerró su informe in voce con una frase que siempre menciona Fontanet para argumentar su inocencia (“La música no mata”), y la adaptó para insistir en la culpabilidad de los implicados: “La música no mata, pero las conductas sí”, remarcó.

Por su parte, las defensas solicitaron la absolución de los condenados y, en algunos casos, que se declare la “inconstitucionalidad” o “nulidad absoluta” del fallo. Marcelo Brito, abogado defensor de Santos Fontanet y otros músicos de Callejeros, indicó que el procedimiento que terminó con las condenas de sus asistidos “violó garantías procesales”, y adelantó que la cuestión podría ser sometida a tribunales extranjeros porque “no cumple con pactos” internacionales.

Los imputados fueron condenados por la Sala III de Casación, pero como en el juicio oral fueron absueltos, en agosto la Corte Suprema ordenó que se dicte una nueva resolución. Entonces, a excepción del manager Diego Argañaraz (el recurso de su defensa aún está en trámite) y el baterista Eduardo Vásquez (cumple prisión perpetua por el crimen de su esposa Wanda Taddei), los condenados recuperaron su libertad. Ahora, los jueces tienen 20 días para dar a conocer su resolución final, que podría implicar que los imputados vuelvan a prisión.