Por un caso de torturas ocurrido en 2011 en el penal de Marcos Paz, tres agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fueron condenados a penas de hasta nueve años y medio de prisión. La sentencia del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín recayó sobre Juan Pablo Martínez, a quien le aplicaron nueve años y medio de cárcel, y sobre Roberto Fernando Cóceres y Víctor Guillermo Meza, condenados a ocho años y medio. Los tres fueron hallados culpables de haber “brutalmente torturado” al detenido Brian Núñez, de 24 años, quien recibió “golpes de puño, bastonazos, patadas, quemaduras y otros métodos de tortura”, según dejó sentado en su alegato final el fiscal Marcelo García Berro. De los tres condenados a penas de cárcel efectiva –hubo absoluciones y condenas ‘en suspenso’, sin aplicación práctica–, sólo están detenidos Cóceres y Martínez, mientras que Meza, que llegó al juicio en libertad, seguirá en esa situación –con prohibición de salir del país– hasta que el fallo quede firme.

Juan José Mancel, otro de los penitenciarios procesados, no irá a prisión porque su condena fue de dos años y medio “en suspenso”, por no haber denunciado a sus compañeros pese a saber que habían torturado a Núñez. El tribunal dictó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos a los cuatro condenados. Los agentes absueltos fueron Juan Fernando Morinigo y Ede Martín Vallejos, acusados por “omisión de denuncia”, y Javier Enrique Andrada, imputado por “torturas agravadas”. Andrada recuperó ayer su libertad, dado que llegó detenido al proceso.

Los fundamentos del fallo de los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña serán difundidos dentro de diez días. La Defensoría General de la Nación (DGN), constituida como querellante en la causa, señaló que este juicio fue “paradigmático” porque es “la primera vez que la justicia federal dicta sentencia en un caso por torturas cometidas por miembros del SPF en democracia”.

El fiscal del juicio, Marcelo García Berro, y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, habían pedido 18 años de prisión para Martínez, 15 para los otros tres imputados de las torturas agravadas, 5 para Mancel, 4 para Morinigo y 3 para Vallejos por “omisión de denuncia”. Las penas más altas fueron para Martínez y para Mancel, por “su rol de jefes”. La Defensoría solicitó 15 años para Martínez, 14 para Cóceres, 12 para Meza y Andrada, 5 para Mancel y 3 para Morinigo, más la absolución de Vallejos por considerar que “actuó bajo amenaza” de Martínez, su superior jerárquico.

La Defensoría señaló, en este sentido, que “el celador Vallejos confesó haber sido testigo de parte de las torturas, pero sostuvo que el jefe de turno, Martínez, lo había obligado a modificar el libro de actas, en cuanto a horarios y hechos”. Vallejos aseguró que Martínez le dijo “no te metás, no abras la boca porque te va a ir mal”. Cuando le dijo a su jefe que iba a hacer la denuncia, Martínez lo amenazó con “hacer peligrar su carrera” y le preguntó “si estaba a favor de los chorros”.

Los defensores de los imputados, además de pedir su absolución, solicitaron que, de haber condenas, el caso se calificara como “apremios ilegales” y no como “torturas”. El hecho ocurrió el 16 de julio de 2011, poco después de las 18, cuando Núñez se encontraba alojado en el Anexo 5 del Complejo Federal de Detención de Jóvenes Adultos de Marcos Paz luego de haber recibido visitas. En ese lugar se produjo un incidente, cuando el jefe de turno, Juan Pablo Martínez, sin motivo aparente, golpeó a Núñez, quien respondió dándole una trompada.

Según dijo el fiscal García Berro, lo ocurrido “provocó la ira de Martínez y del personal de requisa que había sido convocado. Los agentes Andrada (absuelto), Cóceres y Meza trasladaron a Núñez a los golpes hasta una sala cercana que se utilizaba para realizar entrevistas psicológicas, lugar donde el interno fue brutalmente torturado por los cuatro penitenciarios mediante golpes de puño, bastonazos, patadas, quemaduras, y otros métodos de tortura”. Para el fiscal, las torturas “fueron aplicadas durante el transcurso de alrededor de dos horas y le ocasionaron a la víctima severas lesiones físicas y graves secuelas psíquicas”.

Las torturas comenzaron cuando Núñez y otros detenidos les reclamaron a los penitenciarios que los dejaran ver el partido de fútbol que ese día jugaban las selecciones de Argentina y Uruguay por la Copa América de ese año; ayer se conoció la sentencia, horas antes de que esas dos selecciones se enfrentaran, en Chile, en una nueva edición del mismo torneo.

El diputado nacional Leonardo Grosso, del Movimiento Evita y coordinador nacional de la Campaña contra la Violencia Institucional, opinó después del fallo que “necesitamos seguir trabajando como se viene haciendo desde el gobierno nacional en políticas que permitan preservar a los pibes que llegan a situaciones de encierro y darles una nueva oportunidad”. Agregó Grosso que ante estos casos “siempre decimos que los pibes pobres de las barriadas humildes son el último eslabón de la cadena y siempre se corta por ahí; lo importante es que hoy hubo condena”.

Respecto del fallo, Grosso recordó que Mancel, que recibió una pena de dos años y medio “en suspenso”, había declarado que “si pudiese volver el tiempo atrás a ese día de junio de 2011 volvería a actuar de la misma forma que lo hice”. Estimó que tanto Mancel como el absuelto Pedraza tendrían que haber recibido una condena efectiva porque la querella los consideraba co-autores de lo sucedido.