Desde el asesinato de Alicia Muñiz por Carlos Monzón en 1988 empezó a visibilizarse aquello que se preservaba para el ámbito privado. La violencia intrafamiliar, las diversas agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas, patrimoniales, son hoy reconocidas como la principal causa de inseguridad e incluso de muerte para las mujeres jóvenes. Desde aquel momento empezaron a delinearse normas legales, servicios telefónicos gratuitos, equipos interdisciplinarios de atención para las víctimas. Todo el amplio recorrido de políticas públicas con perspectiva de género no ha podido responder de manera integral, sistemática y permanente para su prevención.

Durante casi 30 años, desde el movimiento de mujeres y las organizaciones de derechos humanos especializadas en estos temas se reclamaron campañas sostenidas en el tiempo para modificar los patrones sexistas y machistas que convierten el cuerpo de las mujeres, de las niñas y adolescentes en objetos a manipular, a dominar y a mutilar cuando responden con autonomía e independencia de criterios.

Esa cultura machista anida en el corazón profundo de las sociedades contemporáneas. Hemos logrado avances innegables y reconocidos mundialmente. En materia legislativa, la Ley Nacional 26.485, de Prevención y Atención de la Violencia hacia las Mujeres, es una de las más avanzadas en la materia. Sin embargo, la cultura machista del patriarcado, la cultura de dominación y violencia hacia el cuerpo femenino, sigue anidando en lo profundo de las instituciones y de las familias. En la Justicia misma, vale la pena señalar la increíble reducción de la pena al violador de un niño de 6 años por los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués en Casación Penal de la provincia de Buenos Aires o la arbitraria y misógina decisión judicial del Juzgado Nº 5 de San Isidro de permitir que los hijos de Rosana Galliano vivan con los asesinos de su madre.

Las múltiples expresiones de misoginia y de discriminación en los grandes medios de comunicación que exhiben los cuerpos de las mujeres habitualmente como objetos sexuales, para ser consumidos por la oferta del mercado, las miles de víctimas rescatadas por la Oficina de Lucha Contra la Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, que si bien dan cuenta de una tarea importante del Estado, hablan también de la vigencia y profundización de las redes de trata con fines de explotación.

La movilización del 3 de junio marcó un hito que debe impulsarnos a ampliar y profundizar las políticas públicas de igualdad. Vino a recordar las obligaciones de los Estados para cumplir con la normativa constitucional que así lo establece. Las organizaciones del Estado tenemos la tarea perentoria de articular acciones decisivas para prevenir y erradicar tantas violencias.

Es fundamental superar las brechas de desigualdad y subordinación existentes para la construcción de una sociedad democrática. Para esto es imprescindible que quienes deben aplicar las políticas públicas específicas, cuenten con personal, capacitación y presupuestos adecuados.

Proponemos, junto a las organizaciones que participan activamente en la Legislatura porteña, que en cada comuna de la Ciudad de Buenos Aires exista un Centro Integral de la Mujer con equipos interdisciplinarios altamente capacitados en perspectiva de género, que cuenten con patrocinio jurídico que actúe desde la denuncia y en todo el proceso judicial.

El texto está escrito, son los tratados internacionales, es la Ley Nacional 26.485, es el petitorio de cinco puntos elaborado por la Campaña Ni una menos. Nuestro compromiso está firme.

* Directora general de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad (Defensoría del Pueblo de la CABA).