Primero fue un golpe de suerte, ahora es una pesadilla. En febrero, Natalia Paola Rodríguez Díaz se encontró un día que su cuenta bancaria se había abultado de un día para otro en 130 mil pesos. Ella creyó haber cobrado una indemnización pendiente y sin más pasó a usar la plata. Pero una semana después la llamaron desde el banco: que todo había sido un error, adujeron, y exigieron la devolución del dinero. La mujer se negó, hubo discusión y todo terminó en la Justicia. Ella llegó a estar presa, pero se mantiene en sus trece. Y se resiste a entregar lo que considera propio.

La mujer es sanjuanina, tiene 37 años y es empleada del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Ante el banco primero y en la Justicia después, ella jura haber creído que se trataba del pago de un seguro por accidente de trabajo que le correspondía.

Su abogado, Diego Sanz, explicó que su clienta, residente en el barrio Sarmiento, recibió la transferencia bancaria de 130 mil pesos en la caja de ahorro de la que es titular, por un error del banco que debía depositar esa misma suma en una cuenta corriente del gobierno provincial. La mujer descubrió a los pocos días que tenía ese dinero disponible, hizo gastos por 6 mil pesos con la tarjeta de débito y retiró por ventanilla los 124 mil restantes. En aquel momento, Rodríguez declaró en el formulario que deben llenar quienes retiran mas de 40 mil pesos que la plata provenía del pago de un seguro.

Cuando una semana más tarde el banco le hizo saber del error, se negó a devolver el dinero. Natalia Rodríguez fue denunciada por el banco por una presunta estafa y la Fiscalía de Instrucción 1, a cargo de Daniel Guillén, elevó la causa al juez en mayo. “Hay hechos concretos por los que requerí al juzgado una investigación para determinar la responsabilidad de la dueña de la cuenta”, fundamentó el fiscal.

La mujer fue detenida el viernes último y permaneció privada de la libertad hasta ayer a la mañana, cuando declaró ante el juez de Instrucción Benedicto Correa. Luego de prestar declaración fue liberada, pero quedó bajo investigación judicial.

Sanz insistió en que su clienta “pensó que el dinero provenía del pago de un accidente de trabajo que ella denunció el año pasado, cuando un día de lluvia resbaló y se lastimó en la puerta del Centro Cívico, donde trabaja” y tras el accidente “los peritos determinaron una incapacidad del 7,5 por ciento”. El abogado consideró que “como ella declaró cuando retiró el dinero que se trataba del cobro de un seguro, no hay delito penal, sino que lo que pasó es que hubo negligencia del operario bancario que se equivocó al hacer la operación, ya que debía depositar en una cuenta corriente y lo depositó en una caja de ahorro con el mismo número, pero que difieren en el código de clasificación bancaria”.

Según la documentación judicial, efectivamente ambas cuentas tienen el mismo número, pero la diferencia radica en que una es una caja de ahorro y la otra es una cuenta corriente. Desde la Justicia creen que el error bancario se produjo cuando se hizo una transferencia de pago de 130 mil pesos desde una cuenta gubernamental de la provincia a una empresa que se llama Frutas Argentinas. Al parecer, esa empresa tuvo un problema administrativo para recibir el pago, por lo que el banco canceló la transferencia y devolvió el dinero, pero en lugar de depositarlo en la cuenta corriente gubernamental, lo hizo en la caja de ahorro de Natalia Rodríguez.

El error se produjo el lunes 23 de febrero. De acuerdo con lo denunciado en la fiscalía, la dueña de la cuenta hizo una consulta de los últimos movimientos en el cajero automático y así descubrió que le habían depositado 130 mil pesos. Según consta en la denuncia, al 20 de febrero último –una semana antes del error bancario–, la mujer tenía en su cuenta 2,85 pesos y en la denuncia aclaran que cobra un sueldo que ronda los 5 mil pesos.

“En ese punto es que la mujer habría incurrido en la figura delictual de la estafa, tal como lo prevé el artículo 172 del Código Penal. Tal vez, si no hubiera mentido, el presunto delito podría haber sido una estafa atenuada, prevista en el artículo 175, inciso segundo”, opinó el fiscal Guillén. Ella se mantiene firme, jura que nunca mintió y dice que no tiene por qué devolver nada.