Durante 2013 y 2014, la provincia de Buenos Aires recuperó y superó su record de personas detenidas para alcanzar la cifra de casi 35 mil hacinados en cárceles, comisarías e institutos de menores, por encima aún de cuando en 2005 se dictó el fallo Verbitsky, que llevó a la provincia a reducir la cantidad a alrededor de 27 mil. La cifra surge del Informe Anual 2015 de la Comisión Provincial por la Memoria, y ubica a la provincia con una tasa de detención de 207 personas por cada 100 mil, muy por encima de las 152 que se registran para todo el país. El hacinamiento que provoca la política de detenciones a granel, que “no soluciona los problemas de inseguridad, sino que los agrava”, tal como señala el informe, implica una persona detenida por cada 470 personas, relación que se multiplica si el conteo se realiza sobre barrios pobres y vulnerables. El hacinamiento, para completar, produjo 20.896 denuncias de casos de tortura, con ínfima y desigual respuesta por parte de la Justicia. El informe fue presentado ayer ante más de 500 personas en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.

Adolfo Pérez Esquivel, copresidente de la CPM, expresó en la apertura que “estos informes son un llamado de atención no sólo a las autoridades, sino a toda la sociedad. Porque la democracia tiene una relación directa con la vigencia de los derechos humanos, y si éstos se violan, las democracias se debilitan. Por eso hay que revisar las políticas sociales de inclusión y no aumentar la represión. Quien viola los derechos humanos es el Estado”. Pérez Esquivel compartió la mesa con Hugo Omar Cañón y Roberto Cipriano García. Durante el desarrollo de la exposición del contenido participaron además Alicia Romero y Rodrigo Pomares.

El acto se inauguró con un video que describe los rasgos principales del que la CPM define como el sistema de la crueldad, analiza la evolución de las políticas de seguridad en los últimos quince años en la provincia y denuncia sus principales consecuencias.

En 1999, la cantidad de detenidos en la provincia de Buenos Aires alcanzaba los 16 mil. Seis años más tarde, en 2005, la cifra había aumentado brutalmente hasta los 30 mil presos. Ese año, la Corte Suprema dictó el fallo Verbitsky, que trasladó a la Suprema Corte provincial la decisión de terminar con el hacinamiento. El efecto del fallo se hizo visible en 2007, cuando la cifra de alojados en lugares de detención alcanzó las 27.800 personas. La llegada de Ricardo Casal al Ministerio de Justicia y la más reciente de Alejandro Granados al de Seguridad dieron vuelta la tendencia. El informe recién presentado señala que en 2015 la cifra alcanzó las 35 mil personas.

La reducción durante esos años no puede decirse que haya sido iniciativa del gobernador Daniel Scioli, sino que en buena parte surgió como resultado de intervenciones judiciales, tras la sucesivas órdenes de la Corte derivadas del fallo Verbitsky. Así, entre 2011 y 2012, por ejemplo, parte de la reducción en comisarías se produjo por fallos judiciales que ordenaron clausurar unos 200 calabozos por condiciones de salubridad infrahumanas. Pero en mayo de 2014, como lo señala el informe de la CPM, el Plan de Emergencia en Seguridad dictado por decreto por Scioli permitió a Granados reabrir los calabozos mediante una resolución ministerial. La emergencia en seguridad en realidad había sido disparada por la hiperactividad de la Bonaerense, que detuvo a mansalva pero no resolvió los índices delictivos.

La CPM señala en el informe que las comisarías pasaron a alcanzar un 600 por ciento de superpoblación. La actuación judicial es la pata que convalida el sistema. El informe señala que “el 90 por ciento de las causas que tramita el sistema penal provincial son casos de personas detenidas en flagrancia por la Policía Bonaerense, sin orden judicial previa”. Y cita que “al 1º de abril de 2015 había 1060 camastros y 2178 personas detenidas en comisarías bonaerenses, según el propio Ministerio de Seguridad. En La Matanza el índice de sobrepoblación en comisarías asciende al 523 por ciento de su capacidad en promedio, y en Lomas de Zamora al 470”. A esa fecha, “sólo el 39,6 por ciento de los detenidos en la provincia se hallaba condenado”, mientras que el 60,4 por ciento tiene prisión preventiva por las dudas.

Estuvieron presentes, entre otros, la jueza del la Suprema Corte Hilda Kogan; Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación; jueces, fiscales, defensores, legisladores, funcionarios de DD.HH. y familiares de detenidos.