La Procuración General de la Nación creó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que tiene “carácter permanente” y responde a “la necesidad de jerarquizar la estructura” fiscal dedicada específicamente a estos delitos. La resolución 1960/2015, que establece su funcionamiento, señala que la UFEM “es la reacción institucional a demandas de distintos órdenes”: los compromisos internacionales del Estado argentino y las exigencias de la ley de protección de violencia contra las mujeres; “un claro reclamo social” que fue visibilizado por “la histórica manifestación realizada días atrás bajo el lema Ni Una Menos”, y la necesidad de jerarquizar y profundizar lo realizado por “el Programa de Políticas de Género y por dispositivos similares de otros Ministerios Públicos Fiscales”.

La creación coincidió con el día de entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Lompf), Nº 27.063, que “conduce a la oralidad plena del proceso judicial, para que todo se resuelva en audiencias orales en las que la víctima pueda estar y que también va a pasar las investigaciones a los fiscales”, señaló en diálogo con este diario la procuradora Alejandra Gils Carbó. “Hoy muchas veces no se sabe quién investiga las causas, si el juez o el fiscal, depende de los casos. Y el juzgado no suele tener equipos especializados en género, con lo cual da respuestas estandarizadas. De este modo, el ministerio público fiscal va a tener equipos especializados para abordar las causas con conocimiento y experiencia en la problemática. Y más adelante, con sus propios cuerpos de investigadores, porque la nueva ley establece laboratorios propios del ministerio público fiscal, a los que va a poder acceder la unidad.” La funcionaria señaló, también, que “el sistema acusatorio pleno recién se va a poder ver en funcionamiento en marzo de 2016. Ahí se va a notar la diferencia en la respuesta de la Justicia”. Entre otras cosas, señaló la funcionaria, la Unidad Especializada permitirá la rápida implementación de medidas de protección para las víctimas.

Fuentes de la procuración informaron que la titular de UFEM será Mariela Labozzeta, actual fiscal federal en Morón y que el año pasado trabajó como coordinadora de la Procuración General articulando tareas de fiscales de distrito de todo el país y en 2013 coordinó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) durante su primer año de funcionamiento.

La resolución que crea la UFEM indica, también, que el Programa sobre Políticas de Género, a cargo de Romina Pzellinsky, se convertirá en una Dirección General dentro de la Unidad. Ese espacio “tuvo dos horizontes bien definidos”, señala el documento: la adopción de medidas con perspectiva de género “para mitigar las desigualdades en las políticas internas de acceso y permanencia de las mujeres” dentro de la Procuración y “remover los obstáculos (...) que impiden a las mujeres víctimas de violencia el acceso efectivo a mecanismos judiciales eficaces y respetuosos de sus derechos”. En los dos años y medio que lleva de funcionamiento, el Programa intervino “en más de cuatrocientas sesenta causas”.

En un plazo máximo de 60 días, una comisión coordinada por Labozzeta deberá diseñar “un plan general” que de cuenta de estructura y funciones de la unidad. Con Labozzeta, trabajarán sobre el diseño el jurista Alberto Binder, los fiscales Marcelo Colombo (Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas) y Aldo de la Fuente (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil); la titular de la flamante Dirección General de Políticas de Género, Pzellinsky; Malena Derdoy, titular de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (Dovic), y el titular de la Dirección de Desempeño Institucional, Juan Pablo Iriarte.

La disposición que la crea establece que la UFEM permitirá “seleccionar y desplegar las estrategias de investigación sobre los fenómenos criminales atravesados por las diferentes clases de violencia contra las mujeres y, al mismo tiempo, trabajar sobre los modos en que sus distintas manifestaciones afectan a otros grupos en situación de vulnerabilidad por razón de su orientación sexual e identidad de género”.

La creación de la unidad, señaló Gils Carbó, “es la primera aplicación de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y es una respuesta al reclamo social ante las deficiencias que presenta la administración de justicia en materia de violencia de género”. “Sólo tenemos jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, pero la unidad sí va a poder trabajar en colaboración con fiscales de otros distritos.”