Recientemente, en un programa radial matutino, la diputada que preside la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, Victoria Morales Gorleri, se refirió al derecho a la educación de personas con discapacidad en escuelas comunes. Afirmó que la inclusión “tal vez sea un objetivo para dentro de 50 años, cambiando y dando pasos desde el día de hoy hasta dentro de 50 años para que eso se dé”. Estas expresiones son dolorosamente representativas del olvido, la marginación y discriminación a la que son relegadas las personas con discapacidad en el sistema educativo.

En la misma entrevista, la diputada reconoció las barreras y obstáculos existentes en escuelas comunes y señaló que el sistema no da respuestas, debido a falencias en la formación docente, la insuficiencia de los recursos de apoyo para su inclusión en escuelas estatales, problemas edilicios, actitudes abiertamente discriminatorias, entre otras. También señaló que el sistema educativo no debiera estar fragmentado, como la sociedad no debiera estar fragmentada, y que todos debemos tener la oportunidad de educarnos en las mismas escuelas.

Pese a ello, la diputada omitió plantear medidas y políticas concretas e inmediatas con el objetivo de remediar ese estado de cosas discriminatorio, medidas constantemente reclamadas por padres y estudiantes y por más de 120 organizaciones nucleadas en el Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva, y sólo propuso postergar el reconocimiento de derechos fundamentales por decenas de años. La inclusión es la herramienta más importante de toda política que tenga como fin último la justicia social. Por ello, quien sostiene que las personas con discapacidad deben esperar para beneficiarse de políticas inclusivas, o bien desconoce lo que la inclusión significa o bien acuerda con que ciertos sectores sociales permanezcan en la injusticia.

Es falso que se necesiten 50 años. La provisión de equipos de apoyo para la inclusión en cada escuela común, la formación de todos los docentes y directivos para la inclusión, la creación de normativa que asegure la trayectoria educativa integral de personas con discapacidad y su certificación, la aplicación de sanciones a escuelas y directivos que rechacen la inscripción por motivos de discapacidad, son sólo algunos ejemplos de medidas concretas que podrían adoptarse hoy, si el gobierno nacional y los gobiernos locales se tomaran los derechos humanos de las personas con discapacidad en serio.

El derecho a la educación inclusiva es un derecho reconocido en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado de derechos humanos que en Argentina tiene jerarquía constitucional. Las organizaciones nucleadas en el Grupo Art. 24 reclamamos la reforma de normas y políticas públicas que impiden el ingreso, participación, trayectoria y egreso de niños y niñas con discapacidad en las escuelas comunes.

La proposición de que los niños y niñas con discapacidad esperen 50 años más para acceder a un derecho básico y elemental como es su derecho a la educación en condiciones de igualdad implica en los hechos negarles todo derecho, tratarlos/as como personas de segunda, y revela un humillante desprecio por el valor de sus vidas, que quedarán irremediablemente perdidas en ese inexplicablemente largo camino. Decir sin tapujos que el respeto del derecho humano a la educación de las personas deberá esperar 50 años implica un rotundo menosprecio por ese derecho humano, por la educación en sí misma, siempre postergada.

Es más grave aún si tales propuestas provienen precisamente de quienes tienen clara responsabilidad por el estado de cosas actual, en tanto tienen el rol institucional de promover políticas públicas inclusivas que remedien la discriminación y den cumplimiento a los derechos de todos los niños, niñas y jóvenes.

* Grupo Art. 24 por la Educación Inclusiva.