“Después de 50 años aprendimos que no podemos insistir en la represión para todos los eslabones de la cadena del narcotráfico.” Claudia Paola Salcedo Vásquez, del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, explicó de esta manera la nueva visión de su país y el compromiso para aportar a la modificación de la política mundial sobre drogas. La definición fue pronunciada en el marco de la decimotercera Conferencia Nacional Sobre Políticas de Drogas, organizada por la asociación civil Intercambios.

Salcedo Vásquez, que se desempeña como coordinadora del área de Asuntos Internacionales de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas, contó que Colombia “no es escéptica a las posibilidades” que presenta la Sesión de Naciones Unidas sobre drogas (Ungass) prevista para 2016 y que trabajará en conjunto con otros países de la región “para revisar las políticas frente a las drogas”.

Según la funcionaria, “Colombia enfrentó a los carteles de narcos y los derrotó a precios muy altos de muchas vidas desde la declaratoria de guerra”, aunque consideró que “se han ganado algunas batallas pero sigue sin conseguirse erradicar esta problemática”.

“El planeta ha sido dividido de manera artificiosa entre países consumidores y vendedores”, sin embargo, la cadena de la industria se reparte en “todos lados”, observó. Además, agregó que en los últimos años, “Colombia sigue produciendo cocaína, pero a la vez el consumo se ha acrecentado”, de manera tal que ya no puede considerarse ese país como “productor, sino que entra en la categoría de consumidor”, por lo que debe modificar su estrategia.

La funcionaria colombiana agregó que en el gobierno se llegó a la conclusión de que “las penas no curan las adicciones”. “Luego de cinco décadas, quizás es hora de empezar a escuchar”, manifestó y agregó que “el 2016 en Nueva York constituye una oportunidad única para enfrentar los problemas de drogas desde una perspectiva distinta”.

Según Vásquez, esta decisión descansa en que los resultados de “las políticas no deben ser evaluadas sólo por sus fines, sino también por sus resultados adversos”. Además, agregó que es tiempo de que las políticas para combatir al narcotráfico y las adicciones “comiencen a poner en el centro a las personas, su salud y su bienestar”.

“En el año 2003 contábamos con 86 mil hectáreas de plantaciones de coca” de las que, mediante la política de fumigación aérea con glifosato “y tras rociar un millón y medio de hectáreas, se supo hace poco que hay aún 64 mil”. En conclusión, “en 12 años y tras invertir muchos recursos, se logró una reducción de sólo 22 mil hectáreas”.

De acuerdo con lo expresado por Vásquez, “el balance general es que en doce años tenemos casi las mismas cantidades de hectáreas de cultivos ilegales, en una política que no tiene en cuenta al pequeño cultivador que termina por trasladarse, junto con los ilegales, a áreas de parques nacionales, zonas indígenas y de frontera” donde los aviones fumigadores no pueden operar. Según la funcionaria, “el 73 por ciento de los cultivos ilícitos se encuentra en zonas límite para el Estado”.

Hace poco, “se decidió por orden de la OMS dejar de fumigar los cultivos. Ningún mecanismo de lucha contra el delito debe ser empleado si es posible poner en riesgo los derechos fundamentales como el derecho a la salud”. Es ante este estado de situación que Colombia decidió “concentrarse en fortalecer los programas de desarrollo para que el Estado provea a los pequeños cultivadores otras oportunidades dentro del marco de la legalidad” y repensar su política de drogas.

Colombia se presentará ante la Ungass 2016 con “políticas de drogas más humanas y eficientes”. Según el informe del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia que fue presentado en la conferencia, se tratará la temática desde varios enfoques. “Es por ello que el enfoque de la salud pública considera a los consumidores como sujetos de derecho y no enfrenta su situación con políticas de abstinencia.”

Por otro lado, desde el enfoque de la Justicia “el uso de sanciones desgasta el aparato judicial. Hay que diseñar alternativas al encarcelamiento para los infractores, dado que el sistema penitenciario tiene un alto grado de hacinamiento y el 21 por ciento de los presos en Colombia están penados por temáticas de droga”.

Colombia propondrá también un enfoque de drogas desde el “desarrollo. Se trata de un país con una situación propicia para los cultivos de marihuana, coca y amapola”. Según la funcionaria, “la represión ha resultado una herramienta insuficiente, debe enfrentarse este problema de una forma integral con un enfoque territorial. Es necesario pensar en el desarrollo alternativo”, explicó.

Finalmente, Vásquez expresó que “llevar una posición unificada sobre drogas a nivel regional no ha sido fácil, pero hemos logrado alguna posición común con aquellos países que queremos modificar la política de drogas (entre los que se cuentan la Argentina y Uruguay) frente a aquellos que creen que el camino debe seguir igual”, concluyó la funcionaria.

Informe: María Fernanda Rezzano.