El fiscal federal de Mar del Plata, Pablo Larriera, que investiga la posible trata de personas cometida en el prostíbulo Madaho’s, pidió investigar por lavado y evasión tributaria a un grupo de sospechosos de la causa, entre quienes se encuentran los responsables del local. Larriera requirió al juez federal Santiago Inchausti, además, el embargo de distintos bienes, para determinar si fueron obtenidos a partir de ingresos generados por la explotación sexual de personas, un delito por el que ya se encuentran procesados algunos de los sospechosos. Para la acusación, Larriera contó con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Carlos Gonella, y de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec), a cargo de Juddith König. Ambas unidades trabajaron coordinadamente para individualizar cuentas bancarias y bienes de los imputados, un análisis que sirvió de base para el dictamen del fiscal Larriera. En su presentación, el fiscal señaló que el delito investigado tiene por objetivo generar beneficios económicos a partir del “aprovechamiento de la vulnerabilidad y necesidades de sus víctimas, demostrando una actitud de total desapego por la dignidad humana, lo cual, más allá de la aplicación de una pena, merece el desapoderamiento, por parte de Estado, de los bienes producto del ilícito”.