De pronto, a la víctima la quieren convertir en culpable de la reacción del femicida. Otra vez sopa. Los abogados de Fernando Farré –y voceros mediáticos aliados– pretenden instalar la idea de la “emoción violenta”, de una supuesta discusión que terminó en desborde, hablan incluso de que él no habría tomado una medicación, situación que pudo haberlo descontrolado psíquicamente. Como si cualquiera de esas circunstancias justificaran o atenuaran el daño provocado. También llegaron a afirmar que ella era una “trepadora” o que lo había hostigado porque él había quedado sin trabajo y le decía que no servía para nada. La víctima convertida en victimaria. Un clásico.

Total, ella, Claudia Schaefer, ya no puede hablar ni dar su versión de los hechos. Lo mismo pretendió hacer en su momento el femicida Eduardo Vásquez, ex baterista de la banda Callejeros, cuando le prendió fuego a Wanda Taddei y dijo que su esposa se había quemado en un accidente doméstico. También ese caso tuvo amplia repercusión en los medios. Hubo un juez, el primero que tuvo la causa, que le creyó a Vásquez y lo dejó en libertad. Después, los testimonios de allegados a la joven, de su familia, y sobre todo de uno de sus hijos, desbarataron la mentira y dieron cuenta del historial de violencia doméstica del que venía siendo víctima a manos de su esposo, hoy condenado a prisión perpetua.

¿Se podría haber evitado el femicidio del country? ¿Hubo señales que mostraban el posible desenlace fatal? ¿Por qué se quedaron a solas en la mansión de Martindale si ella lo había denunciado por violencia doméstica unos pocos días antes y dio cuenta de un historial de violencia? ¿Y si existía esa denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema por qué se acordó dejar sin efecto la restricción de acercamiento que se había dictado? ¿Se minimizó el riesgo por tratarse de un hombre de clase media acomodada? ¿O por que tal vez ella no representaba el estereotipo de la víctima sumisa e ignorante? Son preguntas que incomodan. En casos de violencia machista está contraindicada la mediación porque las partes, víctima y victimario, no están en igualdad de condiciones para acordar nada. Lo dice la jurisprudencia internacional y local. Lo saben quienes trabajan seriamente en la temática.

Farré, quien supo ser un ejecutivo de alto rango en empresas de cosmética, formaba parte de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y le gustaba fotografiarse con ricos y famosos, destruyó a cuchilladas la vida de su esposa (y con ese acto criminal, que duda queda, la de los tres hijos de ambos, de 14, 11 y 8 años). “No serás mía, no serás de nadie”, podría repetir como un karma Farré, como otros tantos femicidas. Después de 15 años de matrimonio, Claudia Schaefer le había pedido el divorcio. Y en el marco de la negociación por la división de bienes, a través de su abogado José Cárdenas, la mujer había conseguido unos días antes, según pudo saber Página/12, una cautelar para impedir que él sacara de una caja fuerte de un banco el dinero que allí atesoraban, porque temía que Farré lo hiciera desaparecer para no repartirlo con ella, como correspondía legalmente.

El 4 de agosto Schaefer lo denunció en la OVD. Relató un hecho puntual de violencia física que había ocurrido delante de los hijos, en el departamento de la avenida Del Libertador, donde seguía viviendo la pareja –aunque ella desde febrero dormía en el dormitorio de la hija mayor–. “Ahora su mamá se quiere separar y romper la familia”, relató Schaefer que dijo él a los chicos. También la acusó de querer quedarse con ese departamento que –según afirmó– era de él. Ella le dijo que no siguiera hablando del tema económico frente a los hijos y que si continuaba, lo grabaría. Tomó el teléfono y él se le tiró encima. “Me puso una rodilla en la cara para que me quedara quieta. No me podía mover. Gritaba pidiendo ayuda, los chicos estaban ahí. La empleada también estaba presente (...) No podía salir porque hacía mucha fuerza. Tiré el teléfono, lo agarró mi hija (...) y se lo dio porque él se lo pidió con un grito. Ahí me soltó. Cuando me levanto veo a los chicos llorando, a X tironeando de él para que me suelte. A X llorando y a X gritando”. En la OVD la mujer, de 44 años, también contó que desde hacía alrededor de diez años vivía situaciones de violencia verbal. La OVD evaluó que el riesgo era “leve” y derivó el caso al fuero civil, donde la jueza Marcela Sommer, subrogante del juzgado 106, dictó las medidas cautelares de exclusión del hogar y una orden de no acercamiento a un perímetro de 300 metros, hasta la audiencia prevista para el 12 de agosto, donde se acordaría el régimen de visitas y la división de bienes. En ese contexto de violencia de género ¿podía haber margen para la negociación entre ambas partes?

Según pudo saber Página/12, Schaefer no quiso instar a la acción penal. Salvo en casos de lesiones graves –que es un delito de acción pública–, si la mujer no lo pide, la OVD no envía el expediente para que se investigue la agresión descripta. ¿Debería abrirse de todas formas la investigación penal? Es una discusión que se está dando en el ámbito judicial desde hace un tiempo. Por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como Convención de Belén do Pará, el Estado argentino tiene la obligación de investigar los casos de violencia machista. ¿Estaría incumpliendo ese mandato si no insta siempre a la acción penal aunque la víctima no lo pida? El agresor no es un desconocido. Es un tema a debatir y definir. El abogado penalista Julio Torrada, del Instituto de Formación en Género Wanda Taddei, contó que en octubre Schaefer se encontró con él para pedirle asesoramiento y le relató que hacía años que vivía violencia física y psicológica de parte de su pareja, que tenía miedo de denunciarlo porque la amenazaba con quitarle a los hijos –un temor recurrente en mujeres atraviesan situaciones similares–. “Le dije que tenía que terminar con esa relación violenta, pero no volvió a consultarme”, dijo Torrada a este diario.

Es posible que Schaefer no haya contado “todo” en la OVD. A las mujeres de sectores medios acomodados les resulta muy vergonzante reconocer que son víctimas de violencia machista en su matrimonio. Pero quienes trabajan en la temática saben que en el momento de la separación se incrementa el riesgo para la mujer que vive una relación de pareja violenta. En ese contexto, parece altamente imprudente de parte de los abogados haberlos reunido para definir un régimen de visitas y la división de bienes y, más aún, haber llevado a ella a una casa en un country para que retirara sus pertenencias, pocos días después de que denunciara a Farré por un hecho puntual de violencia física. ¿Se priorizó el aspecto material frente a la seguridad de la mujer?

El caso desbarata uno de los mitos, todavía fuertemente arraigados en la sociedad: que la violencia machista es cosa de pobres. Tal vez por esa razón es que genera más conmoción “el femicidio del country”. Como si las expresiones de violencia machista no se dieran en sectores medios-altos. En todo caso, en los barrios mas populares, las paredes pueden ser más delgadas y permitir que los vecinos escuchen las amenazas, los gritos, los golpes. La violencia de género atraviesa, sin distinción, todos los sectores sociales. Y no siempre la víctima se presenta como una mujer vulnerable y desprotegida. Hay juezas, ejecutivas de empresas, mujeres de diversas profesiones y actividades que pueden enfrentar sufrir una pareja violenta.

En tiempos en que la sociedad argentina se ha unido con el clamor de #Niunamenos, es prioritario que se implemente el adeudado Plan Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Como establece la ley 26.485, sancionada en 2009. Es responsabilidad del Consejo Nacional de las Mujeres. Es urgente y necesario para que se articulen políticas desde la Nación, con las provincias y los municipios, en todo el país. Para avanzar con respuestas integrales y oportunas, para que cada mujer que denuncia y pide ayuda, reciba la protección apropiada. Entre otras medidas, se debe garantizar patrocinio jurídico gratuito para quienes lo necesiten, y un lugar en un refugio –frente a una emergencia–; es fundamental avanzar con la implementación de un fuero único para los casos de violencia de género –hoy las causas se pierden muchas veces en los intrincados vericuetos de los fueros civil y penal, que no actúan articuladamente, dejando desprotegidas a las víctimas–, y establecer sentencias de fondo, que fijen medidas de protección permanentes para evitar que se tengan que renovar cada 30 días y haya algún tipo de resarcimiento hacia la víctima. Y que cuando se incumplan las restricciones perimetrales, se aplique algún castigo. En los tribunales los operadores de la Justicia deben estar capacitados: la fiscal Carolina Carballido Calatayud, a cargo de la unidad especializada en Violencia de Género de Pilar –que tiene en sus manos la investigación del caso del country– paradójicamente se ganó fama –por sus decisiones– de atacar a las víctimas y defender a los victimarios. Además, se debe trabajar fuertemente en las escuelas para desarmar los estereotipos de género y en la prevención de los noviazgos violentos. La agenda es amplia. Imprescindible.

La discriminación histórica de las mujeres en la sociedad es la otra cara de la violencia machista: en la medida en que no caminemos hacia una sociedad con igualdad de oportunidades para mujeres y varones seguiremos alimentando ese caldo de cultivo que habilita a que haya algunos hombres, que consideren, como Farré, a su esposa o ex esposa, como parte de sus posesiones. Y un día, cuando ella gana autonomía y decide manejar las riendas de su vida, pretendan apropiarse de esa vida. La de ella. Hasta matarla.