La Corte Suprema ordenó a la Justicia Federal de Morón investigar el presunto robo de cables telefónicos que derivaron en la interrupción del servicio como un “delito contra el orden público, la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional”. El máximo tribunal –con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda– suscribió un dictamen de la Procuración General de la Nación que asignó al Juzgado Federal 3, interinamente a cargo de Juan Pablo Salas, el expediente sobre el robo de cables.