La Justicia de San Juan definirá en una semana la situación procesal de los nueve directivos de la empresa Barrick Gold imputados por el derrame de cianuro en la mina Veladero el 13 de septiembre, y pedirá un nuevo informe para determinar si la presencia de aluminio y manganeso en cauces de agua cercanos “son consecuencia de la lixiviación no deseada”.

El juez a cargo de la investigación por el derrame, Pablo Oritja, terminó con las declaraciones indagatorias y afirmó que se tomará “toda la semana que viene para analizar lo recabado y definir la situación procesal de cada uno”.

El magistrado sostuvo que pedirá un nuevo informe a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para determinar “si la presencia de aluminio y manganeso en las aguas analizadas son o no consecuencia de la lixiviación (extracción sólido-líquido) no deseada”.

Oritja mencionó que ya conocía el informe de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) que reportó presencia de metales pesados en cauces de agua cercanos a la mina. Aseguró haberlo escuchado por parte de “la UNSJ Lo que pasa es que la UNCuyo la ponen en un pedestal porque tiene mucho marketing, y la Unsj está poco valorada por su cercanía con el gobierno. Pero su trabajo técnico es excelente”, destacó el magistrado. Y aclaró que “los metales pesados siempre estuvieron en las aguas del río Jáchal; es una característica. En lo que sí me debo concentrar es en el aluminio y el manganeso”, añadió el juez.

La empresa canadiense a cargo de la explotación de la mina Veladero, Barrick Gold, admitió días después del incidente ocurrido el 13 de septiembre que el derrame fue mucho más grave de lo que informó tras las primeras mediciones, cuando estimó la fuga en 15 mil litros de solución cianurada.

El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, por su parte, a la UNCuyo de “sembrar terrorismo” con el informe en el que advirtió que el derrame de cianuro de la mina Veladero “envenenó” las aguas del río Jáchal.