Por orden del juez federal Luis Rodríguez fueron allanadas ayer las instalaciones de las empresas Telmex e Ibercom Multicom S.A., y dos dependencias del gobierno porteño, en el marco de la investigación para establecer responsabilidades en el corte de luz que afectó a 88.000 usuarios de Edesur en los barrios de Recoleta y Palermo. Los operativos, en el ámbito gubernamental, se hicieron en los ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo Social. En todos los casos, se secuestró documentación relacionada con las obras de tendido de fibra óptica en el subsuelo de la avenida Figueroa Alcorta que realizaba Ibercom Multicom, subcontratista de Telmex, además de expedientes de contrataciones, planos y permisos de obra, informes de interferencias requeridos, y notas de intercambio entre las dos empresas privadas.

Los procedimientos, autorizados por el magistrado, habían sido solicitados por el fiscal Franco Picardi, quien dio curso a la denuncia formulada por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación contra las dos compañías y contra el gobierno de Mauricio Macri. Por su parte, el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, aseguró que se debe establecer, en la causa, si la firma Ibercom Multicom, contratada por Telmex, “efectivamente avanzó a mayor profundidad de lo que correspondía”, a la vez que sostuvo que el gobierno porteño “debió haber chequeado lo que estaba pasando allí”, en relación con los trabajos que se realizaban el martes pasado a mediodía y que terminaron con el corte de dos cables de una línea de alta tensión de 132 kilovatios.

Mientras tanto, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, dijo que “es mentira que hayan existido demoras por falta de inversión” del Gobierno nacional y que la línea de alta tensión “estaba en perfectas condiciones”, desmintiendo de esa forma las afirmaciones que había hecho antes el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.

En los allanamientos de ayer participaron agentes de la Policía Federal bajo las órdenes del juez Rodríguez. De acuerdo con la acusación fiscal, el Gobierno de la Ciudad, “al autorizar la obra, no solo tenía el deber de proporcionar la información adecuada para evitar cualquier incidente, sino que no podía ser ajena la existencia del tendido de la red eléctrica en el área de influencia de la obra, razón por la cual debían haber extremado los recaudos que correspondieran y, por su obligación, efectuar los controles necesarios en la ejecución de la misma”.

El fiscal impulsó la investigación “en orden al posible delito de violación de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades correspondientes del Gobierno de la Ciudad”. Por su parte, el auditor general de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, señaló que debe establecerse si “en este caso en particular, se permitió la apertura de la calle por parte del gobierno porteño”.

En ese caso, lo que debería investigarse es “si las empresas solicitaron la información (de los planos del subsuelo) a Edesur, si ésta (distribuidora) los suministró, a qué profundidad estaban las instalaciones y a qué profundidad perforaron; de allí va a surgir claramente la responsabilidad” que les cabe a cada uno de los actores.

El auditor consideró que “el origen del problema” radica en que desde hace más de diez años hay una obligación legal por parte del gobierno porteño de construir un mapa del subsuelo de la ciudad para tener actualizadas “la gran cantidad de interferencias (conductos para electricidad, gas, agua, fibra óptica)” que existen producto de las obras realizadas por el Gobierno de la Ciudad y por empresas privadas”.

“La necesidad de construcción de este mapa tiene que ver con minimizar la posibilidad de estos accidentes”, explicó el auditor, quien agregó que el origen de esta obligación se basa en una explosión de gas que ocurrió en 2005, cuando se estaba haciendo el espacio verde conocido como Pasaje Bullrich “que dejó heridos y podría haber sido un desastre”.

Epszteyn afirmó que “el gobierno de Macri, lejos de reglamentar esta ley y lejos de licitar la elaboración de este registro, no lo hizo, y lo que hace, de vez en cuando, son algunas consultorías para algunos trabajos parciales”. El auditor explicó que si una empresa quiere intervenir en la vía pública, tiene que pedir un permiso en la Dirección General de Fiscalización de Vía Pública, que depende del Ministerio de Espacio Público, que a su vez “debiera chequear que efectivamente las empresas privadas que van a intervenir hayan hecho la investigación correspondiente para saber lo que hay allí abajo”.

Al mismo tiempo, deben solicitar “los registros de planos a las empresas de servicios públicos que pasan por ahí”. Epszteyn aseguró que ahora “están jugando al Gran Bonete” para establecer “quién tuvo la culpa” de lo que sucedió. Insistió en que “hay que ver hasta dónde llega el permiso de autorización” otorgado por el gobierno porteño a las empresas.

A su vez, el ministro De Vido recalcó que “el cable estaba en perfectas condiciones, no necesitaba ninguna inversión ni mantenimiento adicional”. Desde la ciudad boliviana de Tarija, donde firmó convenios con el presidente Evo Morales, De Vido reclamó que “las autoridades de la Ciudad controlen las obras que autorizan”.

El ministro sostuvo que “es mentira que hayan existido demoras por falta de inversión” y subrayó que el corte “se solucionó en tiempo record para la magnitud del hecho del que ellos mismos fueron responsables”.