SOCIEDAD › AMPLíAN LOS CARGOS CONTRA UN COMISARIO DE CóRDOBA POR DETENCIONES MASIVAS
El comisario Pablo Márquez, que había sido denunciado por sus subordinados, verá ampliados sus cargos por aparición de nuevas pruebas y testimonios durante el juicio que se le lleva adelante. La pena podría alcanzar los veinte años.
› Por Horacio Cecchi
Una semana después de iniciado el juicio contra el comisario Pablo Márquez, de la policía de Córdoba, acusado de utilizar su olfato estadístico para ordenar detenciones a granel y sin causa para favorecer su carrera, el fiscal del juicio, Marcelo Hidalgo, pidió que se agraven las acusaciones por las que está siendo juzgado. El fiscal sostuvo que surgieron nuevas pruebas a partir de testimonios obtenidos durante las audiencias, especialmente la última, el lunes, en la que Hugo Seleme, director del Programa de Etica y Teoría Política de la Universidad Nacional de Córdoba, presentó datos de las investigaciones de su equipo realizadas desde 2011 y demostró que las detenciones realizadas por Márquez constituyen una práctica sistemática de los uniformados cordobeses. El cambio de calificación lleva la posibilidad de condena a 20 años. Pero no todo lo que reluce es oro.
El juicio a Pablo Márquez fue iniciado por la denuncia de tres uniformados que estaban bajo sus órdenes, dos de los cuales se presentaron como querellantes: la subinspectora Natalia Zárate, a fines de 2011; y el sargento ayudante Jesús César Calvo, unos meses antes, en marzo de ese año. Ambos lo acusaron de obligar a sus subordinados a detener personas para hacer números, sin importar si habían cometido algún delito. Si no lo hacían eran castigados con más horas de guardia que luego no les eran reconocidas. Los querellantes fueron acompañados por más de una docena de testimonios de colegas que ratificaron y ejemplificaron las denuncias. Las presentaciones tuvieron respuesta institucional. Zárate recibió una sanción disciplinaria y no pudo acceder a los ascensos. Calvo fue trasladado al interior de la provincia, y para las guardias ni siquiera tiene patrullero. Una manera simbólica de reconocer los esfuerzos.
Para las detenciones que ordenaba Márquez se aplicaba la figura del merodeo que, como se sabe, es tan difusa como para permitir que el olfato del sabueso detenga a quien le convenga cuando esté cerca de su hocico. El equipo encabezado por Seleme demostró con datos proporcionados por la propia policía que Márquez no era una manzana podrida sino que repetía las costumbres de la plantación de manzaneros. No de casualidad en Córdoba se organizó con cada vez más repercusión la Marcha de la Gorra (la próxima, la 9ª, tendrá lugar el 20 de noviembre).
Según el abogado patrocinante de los policías que realizaron la denuncia, Carlos Nayi, Márquez “ordenaba la detención de personas en la vía pública, hubieran cometido o no delito alguno”, e impuso un sistema de “premios y castigos” para el personal bajo sus órdenes. Las fotos de quienes lograban las “metas” eran colgadas en la sede del CAP y quienes las incumplían eran recargados en sus servicios sin el pago de horas extras. “Si no había hechos (delictivos), se les daba a los uniformados la orden de salir a buscar a personas humildes, indefensas y jóvenes, poniendo toda la infraestructura en generar procedimientos falsos”, afirmó Nayi.
El lunes, después de la presentación de Seleme, el fiscal Hidalgo pidió la ampliación de los cargos contra el comisario. Sostuvo que a partir de los nuevos testimonios y pruebas, se revela una “mecánica sistemática para llevar adelante detenciones ilegales para crear una falsa sensación de seguridad, desviando recursos para eso”. Según Hidalgo, el comisario Márquez debe ser acusado por cuatro hechos de abuso de autoridad y dos de coacción continuada, todos en concurso real, con lo que podría pedir una pena cercana a 20 años de prisión.
“Hay un primer hecho que hace que se plantee un abuso continuado, de coacción –describió Hidalgo–. Hay otros tres hechos de abusos de autoridad, y también otro hecho de coacción contra personal policial, individualizados”. La sumatoria de las penas por cada delito podrían llevar a “un monto elevado, cercano a los 20 años”.
La acusación del fiscal tiene una particularidad: tiene que ver con las denuncias de maltrato de los oficiales de Márquez. Pero, curiosamente, no hace mención a las razzias. La teoría de la manzana podrida en el aire. Una manera poco elegante de atacar al chancho y no al que le da de comer.
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