La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la demanda contra el Estado porteño impulsada por Parques Interama S.A., y ratificó la validez del decreto de diciembre de 1983, en el cual la administración de la Ciudad declaró caducado el contrato de concesión para la construcción de un parque zoofitogeográfico y un parque de diversiones. La resolución de la jueza Elena Liberatori analiza las condiciones contractuales suscriptas durante el último gobierno de facto, y señala irregularidades, modificaciones, incumplimientos y delitos cometidos por la ex concesionaria en perjuicio de los intereses del Estado. “No sólo nos hallamos ante una válida declaración de caducidad de concesión, sino también ante la casi inexistencia de obras ejecutadas en beneficio de la administración”, señaló.