El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, y el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, firmaron un convenio para combatir el contrabando y la falsificación de marcas y patentes. El acuerdo fortalecerá a la Dirección de Delitos Contra el Orden Económico de la AFI y es otro de los convenios que la agencia firmó con organismos externos. La firma del convenio tuvo lugar en la sede de CAME, en el barrio porteño de Retiro donde además de Parrilli y Cornide, participaron sus colaboradores y miembros de la comisión directiva.

CAME es la primera cámara empresaria que adhiere al convenio diseñado por la AFI para la Prevención de la Criminalidad Económica, que apunta a desarticular el mercado ilegal de productos y sus delitos derivados. Todavía se espera que otras cámaras se sumen a este trabajo conjunto con la agencia de inteligencia.

“Este acuerdo se da en el marco de la Ley 27.126, que crea la agencia y fija nuevos objetivos. Tratamos de acordar con todos los organismos que se especializan en las distintas áreas para sumar esfuerzos”, explicó Parrilli en diálogo con Página/12. Entre los principales temas a los que debe abocarse la AFI están el terrorismo, el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberseguridad, tráfico de armas y delitos de orden económico como la venta ilegal o el contrabando.

“No vamos a ponernos a investigar a los vendedores ambulantes o a los puesteros porque consideramos que ellos son el eslabón más débil” aclaró Parilli. El secretario explicó que desde la AFI se dedicarán a hacer “inteligencia, vamos a investigar quiénes están detrás de este gran negocio y cómo se organiza este delito, quiénes lo abastecen y cómo se desarrolla el contrabando. Es decir, quiénes son los verdaderos dueños de los delitos económicos”, amplió. Una vez conseguida la información, la agencia pone los datos recabados a disposición de la Justicia.

El titular de la AFI manifestó que el acuerdo es un “primer paso para enfrentar los delitos económicos. El objetivo fundamental es el intercambio de información y trabajo para combatir el contrabando, violación de marcas y patentes, piratería del asfalto” y otros temas que tengan que ver con este tipo de delitos.

El presidente de CAME expresó que “el apoyo de la Agencia Federal de Inteligencia trae cierta tranquilidad al mundo empresario” y remarcó que “el avance de la venta ilegal en Argentina generó una alerta internacional, ante el avance de mafias organizadas que desarrollan un sistema de contrabando, robo y piratas del asfalto, trabajo esclavo, trata de personas en talleres clandestinos, fraude marcario, competencia desleal, narcotráfico y corrupción”.

Según cifras del organismo, el comercio informal moviliza en el país más de 52.700 millones de pesos por año, una cifra que “se traduce en menos empleo formal y derechos para los trabajadores pero además, en la merma de impuestos destinados al bien común como salud, educación, seguridad y obras”, señaló Cornide.

Parrilli añadió que la inteligencia argentina “debe perseguir los objetivos de la nueva ley que establece desde el terrorismo de Estado, lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico hasta nuevos hechos que tienen que ver con amenazas contra el Estado” como los ciberdelitos.

Según dijo Cornide, “CAME lidera la lucha contra el comercio ilegal en la Argentina, lo que ha despertado el interés de la organización internacional de policía criminal Interpol, que expuso ante CAME en el mes de septiembre, vinculando a este flagelo con el narcotráfico”.

En diálogo con este diario, Parrilli concluyó que este tipo de acuerdos demuestran que ahora hay una agencia de inteligencia que está “al servicio de los intereses del país y actúa bajo una ley que lo ordena” en consonancia con otros organismos.

Hace algunos días, la AFI firmó un convenio similar con el Ministerio de Justicia de la Nación y la presidenta de la Fundación María de los Angeles, Susana Trimarco, para hacer frente a los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Informe: María Fernanda Rezzano.