Droga y alcohol para resistir las extensas jornadas de intercambios sexuales (al menos 15, uno tras otro) por dinero; latigazos cuando una conducta era considerada indisciplina; amenazas; obligación de entregar a los dueños de los prostíbulos la mitad de lo cobrado a los clientes. En Tucumán, esos fueron los detalles que revelaron las dos primeras jornadas en el juicio por trata de personas que juzga a siete imputados que, además, están acusados por explotar sexualmente a mujeres en dos prostíbulos de la capital provincial. Mañana, en la tercera audiencia, el tribunal escuchará a “una testigo víctima, que declaró en cámara Gesell, y a testigos ofrecidos por el Ministerio Público de la Defensa (N. de R.: representado por Pablo Camuña, que es asistido por la oficina local de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, a cargo de Daniel Weisemberg), que no sabemos si son víctimas o no. Eso es importante porque, si lo son, no pueden declarar en la sala así nomás, tienen que tener resguardo de identidad”, explicó a este diario el abogado Germán Díaz, quien, junto con su colega Agustín Aráoz, es querellante en la causa, en representación de la Fundación María de los Angeles.

De los siete imputados, cinco lo están como partícipes necesarios de los delitos juzgados; otros dos, Mercedes del Carmen Medina (pariente de Liliana “Mamá Lili” Medina, la fallecida madre de los mellizos José “Chenga” y Gonzalo Gómez, todos juzgados por el secuestro de Marita Verón) y su pareja, Ernesto Antonio “el Negro” Robles, como autora y coautor.

Medina “daba las órdenes” y si era desobedecida, “te metía en la pieza y te pegaba con el látigo”, contó una de las testigos de identidad reservada. La misma mujer explicó la dinámica de lugar: “Trabajábamos casi 25 chicas y de lo que ganábamos era 50 por ciento para la casa y 50 por ciento para nosotras”; “un pase con un cliente de 15 minutos valía $ 100, el de media hora costaba $ 200 y el de una hora valía $ 400”. Además, agregó, para soportar las jornadas, “tomaba droga y alcohol”, porque la obligaban a trabajar “con al menos 15 clientes por día”.

El juicio que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán refiere las investigaciones reservadas –que incluyeron escuchas telefónicas por orden judicial– que, en 2013, terminaron con distintos allanamientos, dos en los prostíbulos California y Night Club, y siete imputados como parte de una banda que, además, tenía lazos con pares de otras provincias.