“A pesar de algunas críticas que tenemos, reconocemos que el gobierno kirchnerista tuvo la gran virtud de instalar una agenda de derechos humanos y desarrolló una política, porque en estos años hubo una gran amplitud en derechos humanos y se sancionaron leyes muy importantes”, señaló la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, en entrevista de Página/12. Al mismo tiempo, expresó que “el temor” de la organización internacional es que “el nuevo gobierno deje de lado estas políticas para diferenciarse del anterior”.

Con vistas al cambio del mando presidencial, Amnistía dio a conocer una declaración de nueve puntos que demanda, entre otras cuestiones, seguir con los juicios de lesa humanidad, esclarecer el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), garantizar el derecho a la libertad de expresión, asegurar los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios, y aplicar en la práctica el derecho al aborto legal cuando está en riesgo la salud de la mujer.

–¿Cuál es la diferencia de intervenir frente a una dictadura, en defensa de los derechos humanos y de intervenir en democracia, en distintos temas, cuando se abre el debate político?

–Creo que es diferente. Hoy Amnistía tiene un rol muy relevante, o más activo, en países donde hay dictaduras porque, justamente, lo que Amnistía hace es visibilizar internacionalmente una situación en un país determinado, ya sea en Naciones Unidas o generando acciones para que el movimiento que somos se involucre. Hoy, en algunos países de Africa o de Asia donde hay dictaduras, Amnistía tiene un papel muy importante. En contextos democráticos debemos analizar qué tenemos como valor agregado para sumar a las organizaciones locales que trabajan temas de derechos humanos. En el plano internacional tenemos un rol clásico, en Naciones Unidas tenemos un rol muy importante, y en países donde no hay organizaciones de derechos humanos.

–¿Y cómo es la intervención en el plano local y regional?

–También a nivel regional funciona muy bien porque tenemos intervenciones prioritarias en países como México o Brasil. Después hay países como Argentina, Chile, Uruguay, Israel o Noruega, donde hay una agenda de trabajo local marcada por la agenda de la reunión que hacemos cada cuatro años en Dublin, pero en esos países vemos cómo trabajar en red, con otras organizaciones de derechos humanos y ver qué podemos aportar.

–¿Qué significa que Amnistía sea “un movimiento”?

–Que está compuesta por más de siete millones de personas en el mundo que, de alguna manera, colaboran con Amnistía. Económicamente nos manejamos por el aporte de personas y no como otros organismos de DD.HH. que lo hacen con apoyos de embajadas o fundaciones. Son personas que aportan una cuota porque creen en la labor que hace la institución.

–¿Es difícil intervenir en Argentina?

–En Europa Amnistía tiene más de 60 mil integrantes en cada país, en Argentina son apenas 700. En Argentina nuestra institución siempre tuvo una participación tibia, acá hay poca difusión de temas internacionales y, por ende, menos inquietud sobre los problemas mundiales. Nuestro desafío es crecer, darle relevancia a la organización y llegar a la sociedad a través de la comunicación. Por ejemplo, la situación que está viviendo Europa con los refugiados es la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial y nosotros queremos que Argentina se involucre para ayudar, que los ciudadanos tomen conciencia.

–¿Cómo ha sido la relación con los gobiernos democráticos en el país?

–Nosotros somos independientes, no tenemos ninguna influencia política. Intentamos que el Estado adopte los temas de nuestra agenda, pero nos cuesta mucho. No obstante, debemos reconocer que el gobierno kirchnerista tuvo una gran virtud, que fue la de instalar una agenda de derechos humanos y que se desarrolle una política de derechos humanos. En estos últimos años hubo una gran amplitud de derechos humanos y se sancionaron leyes muy importantes; aun con todas las críticas que tengo sobre eso fue un avance. Tan es así que Argentina es un modelo regional para Amnistía. Nosotros hemos llevado a Estela Carlotto para hacer un trabajo de derechos humanos en Sri Lanka, que está atravesando un proceso similar al que se vivió en la Argentina durante la dictadura. Nuestro temor ahora es que el nuevo gobierno deje de lado estas políticas para diferenciarse del anterior; por eso decidimos hacer nueve puntos sobre temas que hay que seguir profundizando y otros que no se abordaron.

–¿Cuáles son los temas prioritarios?

–Prevenir los tratos inhumanos, avanzar en el compromiso de llevar ante la Justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y esclarecer el atentado de la AMIA; garantizar el derecho a la libertad de expresión, a la salud, a la vida libre de las mujeres y a los inmigrantes; asegurar el respeto del Estado hacia los pueblos originarios; promover la justicia internacional y la política exterior en derechos humanos. Respecto del aborto, no pedimos que se despenalice, pero sí que se lo ponga en debate. Nosotros nos seguimos preguntando por qué, a pesar de tantos avances que tuvo, por qué el gobierno kirchnerista nunca se puso al frente de impulsar el aborto legal.

–¿Cuál es la postura de Amnistía respecto del acampe de la comunidad La Primavera, de Formosa, que estuvo en 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta hace días?

–Los indígenas son una agenda postergada históricamente y es necesario que se genere una política en su defensa. Hay 183 conflictos, que incluyen muertes, y nadie hace nada porque hay muchos intereses involucrados. Es un problema estructural que ya no puede ser ignorado. Creemos que tiene que haber un plan de gobierno para buscar una solución a estos conflictos.

–¿Qué es lo que hace falta para que un problema tenga relevancia social?

–Una visualización de los conflictos, como ocurrió con la violencia de género: los medios comenzaron a mostrarla, las personas se enteraron y empezó la movilización que tuvo su máxima expresión con la marcha multitudinaria “Ni una menos”. Eso hace que el gobierno reaccione y cree políticas, en este caso, que respeten los derechos de las mujeres.

–¿Hubo avances en relación con femicidios y violencia de género?

–Hay más conciencia, pero eso no es suficiente, hace falta que exista un plan nacional que tome al problema como algo estructural. Si bien los poderes Legislativo y Ejecutivo están dando respuestas, aún no hay nada concreto. Yo todavía me pregunto por qué este gobierno nunca implementó el aborto legal que existe desde 1921 en el Código Penal. Está el derecho pero no se cumple por decisiones políticas.