La semana pasada se conocieron los datos del Registro de Femicidios elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso su elaboración al día siguiente de la marcha conocida como Ni Una Menos. Lo propio hizo el Consejo de la Magistratura. Estos pasos son cruciales para empezar a abordar el problema de la violencia extrema contra las mujeres. Distintos organismos internacionales como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará ya habían exhortado a los países de la región a construir acervos confiables sobre las dimensiones de este fenómeno, para disponer de información estadística precisa.

En línea con los numerosos avances que se ejecutaron en los últimos tiempos, y que se multiplicaron a partir del 3 de junio, el Ministerio Público Fiscal tomó decisiones estratégicas para hacer más eficiente la investigación penal de la violencia machista. Existen dos áreas con abordajes específicos: la Dirección General de Políticas de Género, cuya misión es atravesar al organismo la mirada de género, y la Unidad Fiscal Especializada (la UFEM), que es la usina de política criminal en la persecución penal del fenómeno de violencia contra mujeres y otras poblaciones atacadas por su identidad de género.

La UFEM está conformando un equipo especializado para la investigación eficaz y con perspectiva de género, que actúe en conjunto o en apoyo a los y las fiscales desde el inicio de las causas, desde la escena del crimen, con los lineamientos adecuados para abordar los femicidios, que redundan en el cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia reforzada que rigen para este tipo de delitos.

Abordar la violencia de género con las herramientas tradicionales del derecho penal genera numerosos problemas. Además de los déficits de las prácticas judiciales sin una perspectiva de género, hay una deficiencia en el modo de procesar los casos, que se resuelven aisladamente sin atender al condicionamiento estructural de género. Así, se invisibiliza el origen y el condicionante de los hechos y se anula la posibilidad de intervenir con estrategias generales que impacten en la prevención.

La decisión de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, de crear la UFEM tiene una doble dimensión: trascender el abordaje del caso a caso y capturar las distintas manifestaciones de criminalidad constitutivas de la violencia contra las mujeres.

Desde la UFEM, se pretende cambiar la respuesta del caso a caso, el abordaje de manera individualizada y particular, por la observación integral de la criminalidad desde una perspectiva de género. No sólo de aquellos delitos que anclan en la desigualdad de género, sino de otros fenómenos criminales, para observar cómo capturan la violencia contra las mujeres.

La selección y priorización de la investigación eficaz de femicidios obedece también a los lineamientos y estándares internacionales, que señalan que la impunidad de estos hechos conlleva a un clima de tolerancia social que legitima la desigualdad, la discriminación y la violencia.

Es importante implementar acciones para mejorar la investigación de estos casos desde el inicio de la actuación judicial. Los femicidios son crímenes fundados en una cultura de violencia y discriminación basada en el género. No se trata de casos aislados, sino de una situación estructural que presenta intensidades y patrones específicos de acuerdo al contexto sociocultural.

La UFEM decidió abordar al femicidio como un hecho criminal que manifiesta la máxima violencia contra las mujeres, para comenzar a registrar la forma en la que esta violencia se ejerce e impulsar investigaciones basadas en la perspectiva de género. El objetivo es consolidar una línea de persecución penal que logre multiplicar criterios de actuación fiscal con perspectiva de género e impactar positivamente en la reducción de los índices de impunidad.

* Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).