Hace dos meses fue la advertencia. “No podés llegar vivo al juicio”, le habían dicho a Gabriel, nombre ficticio de uno de los jóvenes denunciantes del cura Julio César Grassi por abuso sexual. El viernes último fueron por más: tres hombres armados irrumpieron en la casa de Gabriel, lo golpearon, lo obligaron a firmar varios documentos y le realizaron varios cortes en la mano con una navaja. Además, le dejaron una bala y le explicaron que “con una de éstas te podemos matar desde 200 metros y nadie se entera”, según denunció ayer su abogado Juan Pablo Gallego. Con este ataque, ya son al menos diez los testigos –todos con testimonios desfavorables al religioso– amenazados o intimidados.
“Agotados sin éxito todos los recursos jurídicos y ante la contundente comprobación de que todo lo denunciado es cierto, la estrategia de defensa de Grassi parecería ahora centrarse, sin sutilezas, en la eliminación física de sus víctimas”, denunció Gallego, que representa legalmente a Gabriel y al otro denunciante, Ezequiel.
El viernes a la 0.30 golpearon en la puerta de la casa de Gabriel. El no atendió y luego de algunos minutos, escuchó el sonido de una agujereadora en su puerta. Segundos después, irrumpieron tres hombres armados con pistolas 9 milímetros, lo golpearon, lo arrastraron por la habitación hasta el baño, le dieron una y otra vez la cabeza contra el piso y las paredes, y lo obligaron a firmar “documentos con formato judicial”, relató el abogado.
Según explicó el joven a Gallego, los atacantes estaban con un celular con línea abierta: “Presumimos que estaban en contacto con alguien que hacía de campana, esa persona en un momento dio el alerta de que habían avisado a la policía y ahí aceleraron su accionar y se fueron”. Antes de irse, uno de los atacantes sacó una navaja y le realizó varios cortes en los dedos de la mano derecha. Durante los 30 minutos que estuvieron en el departamento de Gabriel, en Capital Federal, los tres hombres no dejaron de golpearlo y, según contó el muchacho, todo el tiempo le sacaron fotos.
Antes de irse le dejaron una bala –presumiblemente de un fusil FAL– y le advirtieron: “Con una de éstas te podemos matar desde 200 metros y nadie se entera”. Gabriel, que reconoció a uno de los agresores como el mismo que lo amenazó hace dos meses en plena calle, estuvo en estado de shock hasta el amanecer, cuando se comunicó con su terapeuta, Enrique Stola. “Responsabilizo a Julio César Grassi por la vida de Gabriel y por cualquier nuevo hecho en perjuicio de su integridad psicofísica”, dijo ayer el profesional y adelantó que envió una carta a la cúpula eclesial argentina para que “intervenga en el caso” (ver aparte). Stola, que fue uno de los peritos que confirmó la veracidad de las acusaciones de Gabriel y Ezequiel en contra de Grassi, en agosto último también fue atacado en su domicilio, maniatado y amenazado.
El abogado de los jóvenes recordó que la violencia parece ser un modus operandi: “Con este nuevo hecho ya son por lo menos diez los testigos que sufrieron violencia. Lo destacable es que siempre fueron agredidos luego de que sus declaraciones fueran desfavorables a este sujeto (en referencia a Grassi) la cocinera de la institución, el chofer, el terapeuta, Ezequiel y la persona que lo tiene en custodia, entre otros”.
El 10 de octubre último, Gabriel había sido secuestrado por dos personas armadas en el partido bonaerense de Luján. Lo mantuvieron de rehén por 45 minutos y le advirtieron: “No podemos llegar al juicio oral así que vas a tener que retractarte; si no te vamos a hacer desaparecer”. En ese momento, le describieron con exactitud su rutina, a quiénes veía, cómo vestía y dónde encontrarlo. Luego se mudó al departamento de Capital Federal, hasta la agresión del último fin de semana.
A pesar de las amenazas y los aprietes, ni Gabriel ni Ezequiel modificaron su testimonio. El caso de Grassi fue elevado a juicio oral por abuso deshonesto, corrupción de menores y amenazas. La audiencia preliminar será el 22 de diciembre y el juicio podría comenzar en junio de 2004. “Dentro de tres semanas presentaremos todas las pruebas en la audiencia y volveremos a pedir que este sujeto (por Grassi) se someta a las pericias psiquiátricas a las que se viene negando sistemáticamente. Estos hechos violentos son actos torpes y desesperados de una estrategia que, ni con los cuatro grandes estudios de abogados que tuvo, nunca pudo revertir las pruebas en su contra”, subrayó el abogado.
La causa contra Grassi fue iniciada en 2000 con una denuncia anónima en los tribunales de Morón, pero tomó notoriedad hace un año con la denuncia del programa Telenoche Investiga. El religioso estuvo casi un mes preso, hasta que la jueza Mónica López Osornio dictó una “libertad restringida”. Grassi no puede estar a solas con menores ni dormir en la organización no gubernamental que creó: Fundación Felices los Niños.
“Ambos chicos seguirán adelante, están atemorizados, pero están seguros de seguir con esto adelante”, afirmó Gallego y señaló que “estas maniobras son muy burdas porque aunque logren que alguien se desdiga el resultado sería nulo: ya constan tres declaraciones de cada uno, hay coincidencias totales entre ellas y las pruebas acumuladas son contundentes”. Los delitos por los que se acusa al mediático cura prevén una pena de hasta 20 años de cárcel.
Informe: Darío Aranda.