En una causa iniciada en noviembre de 2001, en la que se investiga la desaparición y asesinato de tres prostitutas marplatenses, el juez citó a prestar declaración como imputado a uno de los ocho policías detenidos, al cual le adjudicarían una intervención directa en dos de los crímenes. La medida, adoptada por el juez Pedro Hooft, es un avance en la causa y en la calificación del hecho que se le imputa al suboficial Alberto Adrián Iturburu, quien hasta ahora estaba acusado, al igual que el resto de los policías detenidos, por los delitos de “asociación ilícita”, como organizadores de una red de prostitución, y “extorsión”, dado que les pedían coimas a cambio de “protección”, a las propias chicas a las que explotaban. En su momento, el fenómeno de la desaparición y los asesinatos de una larga lista de prostitutas fue asociado, por la policía, con la existencia de un supuesto asesino serial denominado “el loco de la ruta”.
Hooft investiga la desaparición de Ana María Nores, en julio de 1997; de Silvana Caraballo, en octubre del mismo año, y de Verónica Chávez, en enero de 1998. Al pedir la indagatoria, el juez dice que Iturburu tenía “una relación muy estrecha” con Caraballo y Chávez. Insiste en el manejo del negocio de la prostitución por parte de los policías –hay doce imputados, ocho de los cuales siguen detenidos– y precisa que “algunas de las mujeres en situación de prostitución, particularmente vulnerables (...) pasaron a ser consideradas no ya ‘chicas de la calle’, sino ‘chicas de la Unidad Regional’” a la que pertenecían los imputados.
El juez concluye que en los casos de Caraballo y Chávez “sin perjuicio de lo que pueda decirse en un futuro” sobre Nores, se ha reunido “semiplena prueba, primero, respecto de la privación ilegal de la libertad de éstas, y segundo (sobre) su posterior homicidio”. Está probado que las chicas “fueron secuestradas”, aunque “no se ha logrado establecer con certeza cuál ha sido el móvil en la privación ilegal de la libertad”. De lo que sí está convencido el juez es que fue resultado “de las actividades de la mencionada asociación ilícita, integrada mayoritariamente por policías en actividad y con tareas asignadas referidas a la prostitución, con epicentro en la llamada zona roja del barrio La Perla”.
El secuestro de Caraballo ocurrió el 20 de octubre de 1997, cuando ella se hallaba “preparando la cena para su pequeña hija, de 6 años (hoy tiene cerca de 13), en su departamento de 9 de Julio al 2300”. Sonó el portero eléctrico y ella bajó hasta la puerta de acceso, donde se encontró con una persona que “mediante coacción, violencia o engaño la privó de la libertad y la llevó a otro lugar no individualizado totalmente”.
Se estima que era “un integrante de la organización delictiva” que “debía ser necesariamente de su conocimiento directo y que eventualmente ejercía ‘poder’ y ‘autoridad’ sobre ella, en razón de su situación de subordinación”. Otro punto clave es que “Caraballo, alrededor de la medianoche de su secuestro, se encontraba en una situación de emergencia en cuanto a su salud y eventualmente su vida”. Eso se acredita por la existencia de “al menos dos llamadas telefónicas efectuadas desde el celular de la propia víctima” a la empresa de emergencias médicas Cardio y otra a un médico que la conocía personalmente.
A Chávez la secuestraron en la calle el 14 de enero de 1998. Lo hizo “una persona de esa organización y que ella conocía”. El nuevo secuestro se debió a “su conocimiento, en razón de su actividad, sobre el funcionamiento de la organización”. Chávez tenía mucho miedo y dijo a otros testigos que Caraballo había desaparecido “a causa de un ‘trabajo mal hecho’ y ‘por estúpida’”. La propia Chávez había anticipado que ella misma podía seguir el mismo camino. Ahora, el suboficial Iturburu quedó en el centro de la acusación por los dos casos.