El jefe manejaba discrecionalmente prontuarios paralelos, además de un larguísimo listado de negocios cuyas garras llegaban hasta los robos de autos de la mismísima ciudad de Buenos Aires y Rosario. Bajo la órbita de la Subsecretaría de Informaciones de la provincia de Santiago del Estero, controlaba dos organizaciones paralelas: una legal y la otra parapolicial. La organización criminal contaba con dos piezas centrales: la del diputado Carlos “Pololo” Anauate en el Poder Legislativo y la del juez Mario Castillo Solá en el Poder Judicial. Estos datos forman parte de las 147 fojas de los procesamientos sobre los 25 acusados por el crimen y los encubrimientos del caso La Dársena. Página/12 tuvo acceso a los fundamentos y la resolución que desnudan la solidez de la estructura que dirigió el ex comisario Musa Azar a lo largo de años. Allí, por primera vez aparece claramente la historia del doble crimen como uno de los emergentes de una red dedicada al narcotráfico, el robo de animales exóticos y el abigeato, uno de los negocios por que ayer mismo Musa Azar volvió a ser indagado.
Los fundamentos de las acusaciones firmadas hace una semana por la jueza María del Carmen Bravo son un larguísimo listado de denuncias y pruebas espeluznantes de hechos que estuvieron detrás de los crímenes de Leyla Bshier y Patricia Villalba. La jueza concibe a Musa Azar como el superjefe de una organización que estuvo detrás de las muertes y los encubrimientos. “Ha podido vislumbrarse –dice la resolución– un reiterado modus operandi desarrollando en diversas épocas”. Así, indica, “lo que parecía en génesis un caso aislado fue develándose como una modalidad de similares características amparadas a la sombra del poder que detentaban” los acusados. El acuerdo de voluntades contaba con “funcionarios públicos y particulares” dedicados a una “pluralidad de maniobras delictivas (...) como falsedades documentales, encubrimientos que se habrían extendido por un tiempo, con su activa y probada participación”.
Esta superbanda santiagueña estaba organizada en dos grupos, tal como Página/12 adelantó en ediciones anteriores. La resolución agrega algunos elementos fundamentales sobre la estructura: “Podemos ubicar como jefe u organizador a Musa Azar –dice– y como personas con poder decisivo dentro del mismo a los coimputados Mario Castillo Solá y Carlos Alfredo Anauate”. Anauate fue uno de los hijos políticos del ex gobernador Carlos Juárez, jefe de la JP y encargado del aparato de movilización de las campañas políticas. Castillo Solá fue el primer juez del doble crimen de La Dársena.
Estos tres personajes actuaban como una organización criminal en donde “se hacía uso y abuso de los fondos del erario público, en donde se planificaban, organizaban y ejecutaban” distintos tipos de ilícitos. Entre ellos, el robo de autos. De acuerdo con uno de los testigos de identidad reservada citado por la jueza en la resolución, en 1997 Musa Azar le propuso “que trabajara con él trayéndole automóviles de Buenos Aires ya sean robados o bien por seguro contra robo”. Tiempo después el testigo comenzó el trabajo. A partir de allí recibió de Musa Azar “la orden con precisión de lugar y personas para retirar los vehículos en la zona del Gran Buenos Aires y Rosario, con la ruta liberada en Santiago del Estero”. En total fueron unos diez autos. Pero además, una vez tuvo que “prestarle un favor similar a su gran amigo Carlos ‘Pololo’ Anauate”. El favor: “Traerle un kilo de cocaína de Termas de Río Hondo. Anauate le entregó un sobre cerrado, presumiblemente con dinero, que debía dárselo a un tal Herrera sobre la Ruta 9”. El viaje lo hizo una o dos veces más hasta que el diputado le pidió un flete para trasladar marihuana entre El Litoral y Santiago.
Otro de los grandes capítulos son las zonas liberadas y el robo de ganado: “Quedó demostrado –dice– el transporte de gran cantidad de animales vacunos desde el departamento de Ojo de Agua, donde habrían sido hurtados hasta la finca denominada El Acha, de Arraga, cuyo arrendatario sería el imputado Musa Azar”. Los policías Daniel Mattar y Walter Daniel Barcena manejaban los camiones. Y otro, Julio Cesar Mattar, “era el encargado de liberar las rutas provinciales para evitar el control policial y del Senasa”.