Fue absuelta en Córdoba, por el beneficio de la duda, una mujer acusada de haber interferido, en relación con sus creencias religiosas, el tratamiento de su hijo, que murió de cáncer. La mujer, perteneciente a un culto evangélico, había sido acusada por dos médicos y por el padre del chico de obstaculizar la terapia indicada para el cáncer que provocó la muerte del chico, en 2001, a los 13 años. Los jueces del tribunal oral admitieron que la mujer incumplió prescripciones médicas, pero no estimaron probado que ello haya venido a causar la muerte del niño. El abogado de la mujer sostuvo que las acusaciones se habían basado en una actitud “discriminatoria”, por pertenecer a una iglesia minoritaria. También acusó a la gerenciadora en la cual el PAMI terceriza la atención por no haber propiciado que el tratamiento se efectuara en un lugar especializado en niños. El padre de la víctima destacó que, si el fallo hubiese sido condenatorio, “también habría arrastrado al juez de menores que tenía la obligación de fiscalizar el tratamiento”.
Mauricio Waidatt había muerto por un linfoma de Hodgkin, enfermedad que, adecuadamente tratada, es curable en el 70 a 90 por ciento de los casos. Le había sido diagnosticada en 1998, cuando tenía 11 años, en Río Tercero, donde vivía con su madre, Mabel Elizondo. Poco después, los médicos Guillermo Oviedo y Cristóbal Mora denunciaron ante el juez de menores Fernando Morales el incumplimiento del tratamiento por parte de la madre, quien habría insistido en que “todo está en manos de Dios”. La señora pertenecía a la Iglesia Misionera Evangélica del Poder. El juez ordenó que Mauricio fuera atendido en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, adonde la madre se trasladó con él. Sin embargo, la madre fue acusada por no cumplir con el tratamiento indicado.
Fallecido el niño, su padre, Ricardo Waidatt, denunció a la mujer. Se instruyó un sumario por “homicidio con dolo eventual”, figura según la cual la madre debía representarse que la consecuencia de sus actos sería la muerte del niño. Mabel Elizondo fue detenida. El fiscal de Cámara, Marcelo Novillo Corvalán, cambió la acusación a “homicidio culposo”, por negligencia y pidió una pena de tres años de prisión.
El tribunal, integrado por Mario Capdevila, Lorenzo Rodríguez y Eduardo Barrios, por unanimidad resolvió absolverla “por existir dudas insuperables”. Si bien los fundamentos no se darán a conocer hasta el 18 de este mes, la referencia al principio de la duda –que, cuando existe, siempre debe beneficiar al acusado– indica que el tribunal estimó probadas las interferencias de la madre en el tratamiento, pero no que necesariamente hayan contribuido a la muerte del niño.
Carlos Hairabedian, abogado de Mabel Elizondo, acusó a “la gerenciadora en la que PAMI terceriza los servicios en la zona de haber exigido que el niño se atendiera en establecimientos no especializados en pediatría, ya que éstos no los tenía en su sistema; eso también demoraba la llegada de los recursos”. El niño tenía esa obra social por mediación de su abuelo materno.
El abogado sostuvo también que su defendida “fue discriminada por pertenecer a un culto minoritario” y afirmó que, “si bien ella oraba, no por eso dejaba de lado los procedimientos médicos. Si hubiera pertenecido a la Iglesia Católica, al culto mayoritario, los médicos no hubieran tenido la severa actitud que adoptaron”. Autoridades de esa Iglesia manifestaron que no se oponen a los tratamientos indicados.
Al escuchar el fallo que disponía su libertad, Elizondo echó a llorar. Luego manifestó: “Siento alegría, pero también una gran angustia”. Por su parte, Ricardo Waidatt observó que si la madre hubiera sido condenada, “habría arrastrado al juez de menores de Río Tercero, quien tenía la prevención de fiscalizar el tratamiento médico del niño”.