Regalías en beneficio de los pueblos involucrados, preservación del medio ambiente o directo rechazo a cualquier proyecto que modifique las actuales condiciones de vida. A pesar de las diferentes prioridades, pobladores de once provincias argentinas se unieron para conformar la Red de Comunidades Afectadas por la Minería, cuya consigna es tajante: “No a la entrega de nuestros recursos minerales”. A partir de la repercusión que tuvo el rechazo a la instalación de una mina de oro en Esquel, donde ayer se realizó una masiva marcha, las comunidades elaboraron un documento donde exigen la “urgente anulación” de la legislación vigente que, afirman, legaliza la cesión del suelo y subsuelo a empresas extranjeras y habilita métodos de extracción prohibidos o muy cuestionados por el impacto ambiental que provocan.
Localidades de Catamarca, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Córdoba, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Río Negro y Chubut conforman la red que, mediante su primer documento conjunto, reclama prohibir “de forma inmediata” los métodos de explotación minera contaminantes, anular la Ley 24.196 y sancionar una nueva legislación que incluya la consulta popular para la instalación de cualquier proyecto minero.
“A partir de 1991, mediante la aprobación de un paquete de leyes y tratados internacionales, han legalizado el saqueo de nuestros recursos minerales, entregan la propiedad de nuestro suelo y subsuelo, y aseguran a las multinacionales inmensos beneficios a cambio de miserables regalías”, resalta el escrito.
Por su parte, el coordinador de las Gestiones de Unidad Ambiental de la Secretaría de Minería Nacional, Román Jachno, evaluó que “la minería tiene mala fama porque se extraen recursos y da la sensación que alguien se lleva lo de uno”. Remarcó que –en el tema ambiental– la Ley 24.585 otorga un “marco regulatorio de protección”, pero destacó que la aprobación o no de los proyectos “depende de cada provincia, es un tema de jurisdicción donde Nación no puede intervenir”. Ante la posibilidad de que cada comunidad decida la instalación de un proyecto minero, el funcionario señaló que “apoyamos la idea de la gente, por ejemplo de Esquel, de decidir su camino de desarrollo, pero si es un beneficio para el país y no se viola ninguna ley no podemos condenar ninguna iniciativa”.
En Esquel, la empresa Meridian Gold planea explotar oro y plata en una mina a cielo abierto a nueve kilómetros del centro urbano, empleando seis toneladas diarias de cianuro de sodio y dinamitando miles de toneladas de roca por día. Luego de la movilización de la población, en marzo último se realizó una consulta popular donde el 81 por ciento del electorado rechazó la instalación del emprendimiento, sobre todo por los perjuicios ecológicos para toda la región. Sin embargo, ni el gobierno municipal ni el provincial se expidieron sobre el tema y aún no se descartó la instalación del proyecto.
La movilización del pueblo trajo sus consecuencias: cuarenta personas fueron amenazadas por oponerse al proyecto minero y, por el mismo motivo, muchos habitantes sufren persecuciones laborales. Vecinos Autoconvocados de la comarca destacaron que “en noviembre de 2002 el gobernador de Chubut, José Luis Lizurume, dijo que el 4 de diciembre se haría la audiencia pública para decidir nuestro futuro”. Al cumplirse un año de la promesa, ayer una marcha multitudinaria exigió la definitiva solución del conflicto: “No a la mina” fue la consigna.
El caso de Esquel es el de mayor repercusión, donde –al igual que en Iglesia (San Juan) y Ongamira (Córdoba)– se rechaza la instalación de proyectos para la extracción de minerales. Pero en el departamento de Andalgalá (Catamarca), el daño ya está hecho: desde hace casi una década está instalada Minera la Alumbrera, que explota un yacimiento de cobre. El ingeniero de minas y docente de la Universidad de Catamarca Héctor Nieva realizó una investigación para la Escuela de Minas de Nancy (Francia) donde asegura que el dique donde la empresa deposita sus desechos tienefiltraciones que ya afectaron al río Vis Vis, que lleva sus aguas a una reserva de agua subterránea muy importante de la zona.
“Hasta la fecha no hay un plan de cierre de la mina que contemple todos los defectos del proyecto, que hoy presentan un futuro preocupante. Tampoco está claro de qué manera y con qué fondos se afrontará el retrobombeo (del dique con residuos químicos de la mina) que deberá prolongarse por lo menos diez años más luego de la finalización de la explotación”, señala el especialista. Los andalgalenses autoconvocados reclaman que las regalías lleguen a la población afectada y que la empresa invierta dinero para reparar los daños ambientales provocados.
En el Valle de Ongamira (Córdoba), una empresa francesa realiza desde principio de año estudios para determinar la viabilidad de extraer oro y plata. Ante la posibilidad, decenas de vecinos conformaron la organización no gubernamental Ongamira Despierta, que solicita que la región sea declarada “zona de exclusión minera”. En la misma provincia, en Calamuchita, donde ya se extrae vermiculita y están explorando en busca de cromo, la Junta Vecinal, la Cámara de Turismo y los vecinos rechazan la una nueva explotación y piden la suspensión de las actuales tareas.
La Red de Comunidades Afectadas por la Minería planea intercambiar experiencias y, a pesar de las diferencias, trabajar en conjunto para que cada pueblo decida qué proyecto de desarrollo local desea. Por lo pronto, aseguran conocer a sus adversarios, “empresas rapaces y socios ocasionales: dirigentes políticos y empresarios locales”.
Informe: Darío Aranda