La Defensoría del Pueblo de la Nación iniciará un juicio contra el Estado si no se revierte la situación de “emergencia ambiental y sanitaria” en la que se encuentra la cuenca Matanza-Riachuelo, anunció ayer el titular de ese organismo, Eduardo Mondino. El organismo solicitó al Ejecutivo Nacional, al gobierno bonaerense, al de la Ciudad de Buenos Aires y de los 14 municipios afectados, la creación de una “Autoridad de Cuenca” para funcionar en forma interjurisdiccional. Esta es una de las conclusiones del informe que la Defensoría presentó ayer junto con un grupo de ONG sobre el alarmante panorama de la cuenca. El estudio asegura que, de persistir la actual situación, en 10 años más, unos 5 millones de personas estarán en peligro de contaminación, lo que equivale al 14 por ciento de la población.
No se necesita hacer proyecciones para conocer el escenario que sufren los habitantes que rodean la cuenca. Superados largamente los mil días que prometió en su momento María Julia Alsogaray para la limpieza del Riachuelo, hoy, más del 50 por ciento de los chicos de entre 7 y 11 años que viven en Villa Inflamable, en el Dock Sud, tienen presencia de plomo en la sangre, mientras que un 10 por ciento posee cromo en la orina. Los datos pertenecen al estudio que realizó la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Hoy, la zona comprendida por la cuenca Matanza-Riachuelo cuenta con 4,8 millones de habitantes que “toleran conductas homicidas para la salud colectiva de la población y del medioambiente”, según relata el informe. A lo largo de la cuenca existen metales y sustancias que provocan plagas, infecciones y enfermedades como leptospirosis, peste pulmonar, hantavirus, fiebre hemorrágica y hepatitis.
La Autoridad de Cuenca propuesta por la Defensoría y los participantes del informe permitiría ordenar un proceso en el cual haya “una política ambiental de saneamiento seria”. Surgiría a partir de un acuerdo firmado entre el Ejecutivo Nacional, el gobierno provincial y los 14 municipios que rodean la cuenca.
Este organismo debería encargarse de realizar una interpretación de todas las normativas existentes. Según el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales –una de las organizaciones que trabajó en el informe–, la situación de la cuenca “es un mamarracho jurídico, ya que hay 22 autoridades de aplicación, con más de 50 normas de diferentes jurisdicciones”.
Hoy existe un Comité Ejecutor de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CEMR) que, para el abogado, “posee una mala rotación y un mal desempeño en su poder policía”. Según el estudio, ese comité “ha padecido una notoria debilidad y cambios sustantivos desde su creación”. Además, no posee “suficiente peso político, ni capacidad ejecutora”.
La existencia de este comité fue difundida luego de que, en 1998, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinara un préstamo de 250 millones de dólares a la Argentina para llevar a cabo el Programa de Gestión Ambiental y Manejo de la Cuenca. Pero la mayor parte de este dinero no sólo se gastó en supuestos trabajos de consultoría, sino que el BID multó al Estado por no haber destinado los fondos al saneamiento concreto de la cuenca. Así, la Argentina terminó pagando 6 millones de dólares y el Riachuelo se siguió contaminando.
En una conferencia de prensa realizada ayer en la Defensoría del Pueblo, también se señaló que “65 empresas son responsables del 80 por ciento de la contaminación del Riachuelo, a partir de materiales que no son procesados por el río y por tanto permanecen”. Se reclamó además que estas compañías “se hagan cargo de toda la basura que tiraron, ya que el daño ambiental es un delito que no prescribe”.
Las empresas de servicios públicos tampoco se salvaron. “Parte de responsabilidad –manifestó Mondino– es de Aguas Argentinas, que tiene su plan de obras sólo comprometido en un 23 por ciento.”
El Ceamse, en tanto, denunció la existencia de “más de 100 basurales, sobre unas 400 hectáreas” en la región, a los que se suman otros 40, clandestinos, detectados en julio último, que contribuirían a contaminar las aguas de la cuenca.
Los lugares más afectados son “los más cercanos al polo petroquímico (de Dock Sud), los sectores bajos, los asentamientos o villas, por tener menos recursos para absorber los impactos ambientales”. Por eso, el ombudsman exigió el traslado del polo petroquímico.
“En la actualidad el 55 por ciento de las personas que habitan la zona carece de cloacas, mientras que el 35 por ciento no tiene acceso al agua potable”, confirmó Mondino.
Rodeado por especialistas de medio ambiente, Mondino indicó que “el Poder Ejecutivo deberá tomar las sanciones que correspondan, sobre aquellos funcionarios que utilizaron mal algunos fondos o los que no tuvieron en cuenta recomendaciones hechas con anterioridad”. El informe también fue girado a las cámaras empresarias y al Congreso.
El relevamiento fue realizado por la Defensoría en conjunto con las organizaciones Poder Ciudadano, Fundación Ciudad, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación Vecinos La Boca, la Universidad Tecnológica Nacional y el ex defensor Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires Antonio Elio Brailosky.
De acuerdo con el informe, no existen estudios epidemiológicos realizados sobre la población de la cuenca. En abril de este año, Mondino solicitó al ministro de Salud de la Nación, Gines González García, que se realice un estudio de estas características. Pero, sorpresivamente, la Dirección Nacional de Promoción y Protección de la Salud contestó que no era necesario.
Producción: Maricel Seeger.