Nuevas voces se alzaron en contra del fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires que habilita a las fuerzas de seguridad a demorar personas en la vía pública para pedirle su documentación, sin que haya motivo alguno. Eduardo López, secretario general de la CTA de Capital Federal, le adelantó a Página/12 que en los próximos días acompañarán, junto con otros gremios, la apelación al fallo que presentará la Defensoría General de la Ciudad. “En caso de que el fallo se mantenga, vamos a recurrir a la Corte Suprema de Justicia Nacional y en su defecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya condenó al Estado argentino por la privación ilegal de la libertad que sufrió Walter Bulacio” en abril de 1991. El joven murió luego de una detención arbitraria cuando intentaba ingresar al club Obras Sanitarias para presenciar un recital de rock.

López señaló que la Defensoría “todavía no ha recibido la notificación formal del fallo del TSJ, del que se enteró a través de los medios”. Una vez que la Defensoría tenga conocimiento de los fundamentos de la resolución “nosotros nos vamos a presentar como amicus curiae (amigos del tribunal) para acompañar la apelación, junto con la Unión de Trabajadores de la Educación, Foetra, el Sindicato del Cuero, APA, ATE, los trabajadores del Subte y del Bauen”.

El titular de la CTA-Capital consideró que el fallo del TSJ “habilita ilegalmente la discrecionalidad del agente estatal de la fuerza de seguridad atentando contra los principios del Estado democrático violando expresamente disposiciones de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional”. Insistió en que también contradice lo dispuesto por la CIDH en el caso Bulacio “donde se rechaza de manera enfática la utilización de ‘razzias’ o detenciones al azar, exigiendo que las condiciones para realizarlas deben estar objetiva y previamente definidas por la ley”.

López señaló que la Ley Orgánica de la Policía Federal establece que “fuera de los casos establecidos en el Código de Procedimientos en lo Penal, no podrá detener a las personas sin orden de juez competente” y si lo llegara a hacer, por motivos excepcionales, de todas maneras debería notificar en forma inmediata al juez que corresponda y la “demora” tendrá que ser “por el tiempo mínimo necesario”.

Por su parte, el diputado porteño José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FpV) sostuvo que el fallo judicial “es parte del giro autoritario que le imprimió (el presidente Mauricio) Macri a la Argentina”. El legislador consideró que “quieren intimidar a la sociedad para que no defienda los derechos que Macri viene a desmontar”.

Campagnoli recalcó que “este fallo” junto con “la represión a los trabajadores de Cresta Roja y de La Plata” forman parte “de la política represiva que se quiere instalar en la Argentina” porque “el ajuste (económico) requiere del miedo y de la represión para llevarse a cabo”.

Por su parte, Myriam Bregman, diputada nacional del PTS-FIT y querellante en causas de lesa humanidad, manifestó su repudio al fallo del Tribunal Superior de Justicia que habilita a la Policía a pedir documentos en la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires. “Esta atribución tiene una triste historia en la Argentina porque siempre fue utilizada como un método persecutorio, en forma particular hacia los jóvenes y hacia los sectores más vulnerables” de la sociedad.

Bregman afirmó que “es notorio que la Justicia está leyendo una situación política porque desde el gobierno nacional se impulsa un protocolo contra la protesta social y el aumento del control hacia los sectores populares”. La legisladora afirmó que hoy “la derecha está en el Gobierno y el Poder Judicial acompaña”. En este sentido, agregó que con el fallo de TSJ “se le da vía libre a la Policía para detener por portación de cara”.

También opinó sobre el tema el legislador porteño del PTS-FIT Patricio del Corro, quien al rechazar el fallo advirtió que “no es casualidad que la sentencia se dé en momentos en que Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta vienen de anunciar el traspaso de sectores de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires”. El diputado interpretó que “se está creando una fuerza represiva con mayores poderes y atribuciones” que las que tiene en la actualidad.

Destacó que los referentes de la izquierda están llamando a desarrollar un “masivo repudio de la juventud y de los sectores populares contra este fallo” y adelantó: “Nuestras bancas en el Congreso Nacional y en la Legislatura porteña estarán a disposición de impulsar esa pelea”.

En el mismo sentido se manifestó el dirigente del MST Alejandro Bodart, quien subrayó que el fallo judicial “es un grave retroceso antidemocrático, que en vez de mejorar la seguridad ciudadana habilita más abusos y coimas policiales de las que ya hay”. Agregó que con esto se “reinstalan los viejos edictos y el llamado ‘tipo penal de autor’ lleva directo a la detención sin orden judicial, no por delito flagrante sino por simple ‘portación de rostro’”.

Opinó que tardó en encontrar a uno de “los tres grandes narcos fugados” ahora está en condiciones de “ensañarse aún más con los jóvenes, las luchas sociales y los pobres. Habrá más corrupción, atropellos y casos como el de Walter Bulacio, tras cuyo asesinato en 1991 a manos de la policía fueron derogados los nefastos edictos que ahora, de hecho, se están reflotando”.

Bodart aseguró que “combatir de verdad la inseguridad requiere medidas urgentes en dos áreas: por un lado reducir la desigualdad social, que genera la mayoría de los delitos, y por el otro, reestructurar a fondo las fuerzas de seguridad, que son parte activa de esos mismos delitos”. Propició un plan “de inclusión educativa y laboral” y una “depuración policial que incluya a todos los implicados en delitos o represión social, elegir los comisarios por voto popular, control vecinal a las comisarías y sindicalización de los agentes”.