El domingo, Débora Natalí Díaz, de 28 años, murió tras recibir cinco puñaladas por parte de su ex pareja, Brian Ezequiel Montenegro. Díaz tenía tres hijos, el menor de ellos también de Montenegro, y en diciembre había logrado una restricción de acercamiento contra su ex por violencia de género. El violento, que ya había violado la restricción para amenazar de muerte a Díaz y su familia en otras oportunidades, apareció esa noche en la casa de Villa Astolfi, partido de Pilar, donde Débora vivía con sus hijos, y la apuñaló delante de ellos. Aunque salió a pedir ayuda, Díaz murió en la puerta de su hogar, antes de que la asistencia médica llegara.

Según los investigadores, Díaz había denunciado a Montenegro tras las reiteradas golpizas a las que la sometía y la Justicia de Pilar había ordenado una exclusión de hogar y una restricción perimetral. Sin embargo, el denunciado logró ingresar por la fuerza en la casa y la increpó, la encerró en una de las habitaciones, y la atacó con un cuchillo en el tórax y en la espalda. El hijo de 12 años contó que el hombre le recriminaba a Díaz que hubiera comenzado a trabajar.

Tras el ataque, Montenegro huyó de la vivienda, y la víctima, herida, logró salir de su casa junto a sus hijos para pedir ayuda, pero se desvaneció y murió esperando una ambulancia que tardó media hora.

Según testigos y familiares de la víctima, a pesar de la prohibición de acercamiento a la vivienda de Díaz, el hombre habitualmente pasaba por la casa de su ex mujer y la agredía verbalmente. Paola, la hermana de Débora, explicó ayer a la mañana que durante la tarde del domingo se cruzó con el presunto femicida, quien le dijo que iba a matar a su hermana.

La investigación del femicidio recayó en la Unidad Funcional Especializada en Violencia de Género de Pilar, a cargo de la fiscal Carolina Carballido Calatayud, que dispuso la búsqueda del femicida prófugo.

María del Mar Ramón es abogada y forma parte de la Red de Mujeres, una ONG que concientiza sobre la violencia de género y presta “especial atención” a Pilar. “Conocemos bastante bien los dispositivos y el territorio, es un distrito en el que las mujeres son revictimizadas cuando tratan de hacer sus denuncias, particularmente en la unidad que debería estar dedicada a este tema”, explicó Ramón a Página/12.

“No se puede exigir tanto a las víctimas, quienes aun haciendo todos los esfuerzos terminan muriendo con la orden judicial en la mano”, explicó Ramón y agregó que, pese a hacer todo lo que pueden, las mujeres “sólo obtienen un papel que se ignora sin que haya represalias por vulnerarlo”.

La medida perimetral se otorga a la solicitante por 30, 60 o 90 días y luego debe ser actualizada. “Esa restricción obliga a la mujer a encerrarse y asumir situación de violencia”, explicó la abogada a este diario. “Así, el violento siempre se siente libre de vulnerar la orden y la policía nunca se lo lleva por infringirla porque no existe percepción del riesgo que corre esa víctima. Al final, es más grave robar un celular o una billetera que realizar una amenaza de muerte a una mujer. Es de una desproporción brutal”, concluyó.

Informe: María Fernanda Rezzano.