Los carteles y pañuelos verdes contrastaban sobre el gris opaco de la inmensa persiana metálica de la Casa de la provincia de Salta en Buenos Aires, sobre Diagonal Norte al 900. La puerta cerrada y custodiada por uniformados y guardia privada debía tomarse como una acción preventiva ante la convocatoria de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Curiosa prevención la del estado salteño, que creyó necesario protegerse de un grupo de mujeres que reclamaron por la total ausencia de prevenciones que dejaron, en Salta, a una niña wichí de 12 años y retraso madurativo totalmente desamparada después de haber sido violada por ocho hombres protegidos por un juez y un fiscal, sin verificar enfermedades de transmisión sexual ni test de embarazo, obligada a mantener la gestación hasta que la sacristía médica comprobó que el feto era anencefálico y decidió entonces someter a la niña a una cesárea a los 12 años. Si no hubiera sido anencefálico, hoy la niña sería madre obligada de un niño no deseado y de padre violador. Como en la guerra. Tendría 12 años y seguiría carente de cualquier tipo de prevención. Después de todo, el estado salteño bajó la persiana a las mujeres.

“¡Aborto legal para no morir! ¡Anticonceptivos para no abortar!”, era la consigna básica, obligatoria, sencilla y protocolizada local e internacionalmente, que cantaban las mujeres de pañuelos verdes, característicos de la Campaña. La concentración había sido convocada a partir de las 12. Un buen rato antes, los uniformados ya tenían controlado el lugar. Pocos pero grandotes, un gigante con cámara, uniforme y cara de aburrido, sobre el cordón de la vereda, apoyado contra una camioneta, y dos o tres a su lado. Y sobre la puerta salteña con persiana baja, tres polis más y un vigilador privado. Lo dicho: en eso consistió la acción preventiva del estado de Salta.

La convocatoria de la Campaña tenía como motivo mostrar su repudio por la indiferencia del estado salteño y la posterior presentación de un documento en el que se exigía la “renuncia de los y las responsables políticos de semejante atentado a los derechos humanos en nuestro país”; “sumario administrativo a los profesionales de salud que intervinieron en el caso y desconocieron los derechos de la niña”; reparación a la niña “y se aseguren todos sus ddhh y los de la comunidad originaria”; “inmediato reconocimiento de la propiedad ancestral de los territorios de las comunidades de Lhaka Honhat (a la que pertenece la niña)” y “solución a los conflictos entre las comunidades wichí y criolla”; “medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género”; y respeto por “los derechos de las niñas, de las personas con discapacidad y de miembros de comunidades originarias”.

Una hora después de la convocatoria, Elsa Schvartzman y Nina Brugo, de la Campaña, y Claudia Korol (Pañuelos en rebeldía), Vilma Ripoll (ex diputada del MST) y el diputado nacional salteño Pablo López (PO Frente de Izquierda), ingresaron para entregar el documento. Fueron recibidos por el delegado de la casa, Sergio Etchart. La puerta persiana se abrió lo suficiente como para que las representantes de la Campaña entraran bajando la cabeza. Un gesto que no resultará gratuito a Salta, especialmente si se trata del estado argentino más retrógrado en lo que se refiere a violencia de género: fue en 2015 la provincia de mayor cantidad de violaciones por habitante y tiene uno de los protocolos para realizar aborto no punible más restrictivos del país. El decreto provincial 1170/12 del Ejecutivo y su protocolo de aplicación obligan a que la víctima quede bajo la tutela del Ministerio Público, que presente la denuncia penal o declaración jurada con asistencia del defensor oficial o asesor de menores e incapaces, lo que deriva en la intervención de un juez, que con los plazos paquidérmicos habituales extiende la gestación hasta superar las 12 semanas, tiempo máximo permitido para realizarlo. Hasta las 12 semanas, en una niña de 12 años el embarazo no se registra tan fácilmente. Kafka nació en Argentina y escribió El Proceso en Salta.

Mientras Salta se debate entre la salud de su estado arcaico y la desprotección de sus niñas y mujeres, wichís o no, la causa judicial abierta (a desgano) por la violación de la niña de 12 años, del poblado de Alto de la Sierra, tuvo un giro después de siete meses, después de una cesárea, y especialmente después del pedido de jury contra el juez Fernando Astigueta y el fiscal Jorge Armando Cazón por parte del juez de la Corte de Salta Abel Cornejo: cuatro de los adultos acusados de la violación quedaron detenidos. Se trata de Omar Alcides Arias, Pantaleón Javier Mansilla, Luis Fernando Lamas y Sebastián Matías Salvatierra. Otros tres acusados son adolescentes por lo que continúan bajo la órbita de la Justicia juvenil. El octavo acusado (quinto adulto), Jorge Gabriel Salas, es o era o debería ser el informado como primer detenido que nunca lo fue. Es decir, Astigueta ordenó detener a Salas la semana pasada porque no se había presentado regularmente a la comisaría tal como lo había prometido. Una simple desobediencia que para el juez y el fiscal resultó más grave que la violación, derivaron en su detención. Pero Salas no fue detenido. Es más, a la fecha está prófugo. La justicia y la policía salteñas no lo encuentran. No estaría claro si lo buscan.

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