Ante la falta de respuesta, los reclamos contra las subas en las tarifas se reinventan. Ayer, la “Mesa multisectorial contra el tarifazo” formada por cooperativas, clubes de barrio y pymes, entre otros, organizaron el torneo futbolístico “Copa Juanjo Aranguren”, en el que además de jugar varios partidos de fútbol se presentó públicamente un amparo presentado por el colectivo el mismo día. El encuentro se llevó a cabo con luz natural, sobre la avenida Paseo Colón a la altura de la Secretaría de Energía y contó con importantes premios: un sol de noche y una linterna.

Los sectores más afectados por la suba de las tarifas entendieron que los reclamos divididos tenían fuerza relativa. Por eso, el lunes, durante el segundo encuentro de la multisectorial en el Hotel Bauen, decidieron impulsar una medida de amparo en conjunto y manifestarse de la misma manera. El espacio también quedó integrado por fábricas recuperadas, centros culturales, teatros independientes, centros de jubilados, organizaciones de consumidores y dirigentes políticos y sociales. “Hay antecedentes en el país de aumentos que se frenaron en sede judicial, por eso acompañamos el amparo, es una vía más para tratar de contrarrestar este golpazo al bolsillo de los trabajadores”, comentó a este diario el legislador porteño José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-Frente a la Victoria).

“Desde hace al menos un mes y medio venimos discutiendo la idea de juntarnos, en principio por el tarifazo, pero también por el resto de las medidas de ajuste que tanto nos vienen golpeando”, explicó a Página/12 Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta). Según contó Tonarelli, la idea de la medida judicial presentada es que se retrotraiga el precio de las tarifas a 2015 y se forme una Mesa de trabajo con representantes de todos los sectores que exigen la tarifa social y del Ministerio de Energía “para llegar a un acuerdo coherente”.

El golpe de las medidas de la actual gestión, explicaron los representantes del sector cooperativo, fue doble para la economía social. Por un lado, la suba de tarifas multiplicó la estructura de costos de las empresas autogestionadas, y, por el otro, las políticas de estímulo desaparecieron. “Las cooperativas de obra pública dejaron de funcionar. Las textiles que confeccionaban uniformes para el Estado están en la misma situación, porque todo ese trabajo ahora pasó a manos de fabricantes del sector privado”, sumó Fabio Resino, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo.

La ausencia de microcréditos y facilidades para estimular el crecimiento de este tipo de empresas, más el contexto inflacionario y la apertura de importaciones hicieron el resto. “El tarifazo es la cara más cruel de las políticas de este gobierno, pero se trata de toda una serie de medidas que firma el acta de defunción de las cooperativas”, agregó el referente. Para Resino, la relación entre el Estado y el sector no empeoró, sino que desapareció: “a pesar de algunas diferencias, con la anterior gestión teníamos diálogo, podíamos dar una discusión y principalmente, había políticas públicas para generar un marco de crecimiento que desaparecieron”.

Otro de los sectores que participó del amparo –y del torneo– fue el de las pequeñas y medianas empresas, que brinda el 80 por ciento de los puestos de trabajo de la industria nacional. “La preocupación va más allá del tema de tarifas, que tuvo un gran impacto en la cadena de pymes, pero también vemos que esto está enmarcado en un política general del gobierno que generó una enorme caída en las ventas y muchísimos despidos que lamentar”, contó Roberto Ratti, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).

De acuerdo con el calculo de la asamblea empresaria, la cantidad de pymes que cerraron en los últimos meses asciende a 10.000. La liberación de las importaciones, según contó Ratti, fue un factor clave en estos cierres, a lo que se sumaron suba de tarifas, pérdida de capacidad de consumo y la eliminación de los planes de financiación en la AFIP para las empresas más chicas.

Las entidades que defienden los derechos de consumidores y usuarios, por su parte, insistieron en la ilegalidad de la suba de tarifas sin previa audiencia pública y consideraron “descarada” la ausencia de una explicación acerca de cómo se definieron los nuevos precios de los servicios. “El propio Ministerio (de Energía) dice que se desentienden de la fijación del precio porque la nueva tarifa se acordó entre las empresas y Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico)”, sostuvo Miguel Ángel Fortuna, presidente del Movimiento en Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y el Medio Ambiente. En ese sentido, Fortuna recordó que “en todo el mundo las ganancias en materia de servicios son exiguas, porque los usuarios son consumidores cautivos”.

En la misma línea, Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores resaltó que la lista de medidas que afecta a las entidades que integran la multisectorial generó el “quiebre de un círculo virtuoso”. El consumo interno, que alentaba la industria nacional y la generación de empleo, aumentaba la capacidad de consumo. “No puede entenderse como algo distinto a una gigantesca transferencia de recursos de la población en general a las grandes corporaciones, donde los más beneficiados fueron las petroleras y las mineras”, resumió Boada.

Terminado el encuentro deportivo, los representantes de la multisectorial adelantaron en conferencia de prensa que se trata de “la primera de varias manifestaciones”. Tras lo cual, Cristian Font, directivo de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, explicó que la convocatoria buscó ser “una expresión creativa y humorística, en tiempos angustiantes”.

La copa fue para el Sindicato de Obreros Curtidores, que se llevó un sol de noche para usar cuando trabajan hasta tarde. También fue entregada una linterna, que se la quedó un centro cultural que este mes no puede pagar la luz.