SOCIEDAD › OPINIóN
› Por Roberto Adaro *
El pasado 10 de junio se cumplieron los primeros seis meses de gobierno por parte de Mauricio Macri y su equipo. Resulta un tiempo propicio para evaluar la marcha de su gestión y especialmente de algunas de sus innovaciones en la gestión nacional, tal como la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS).
Al repasar la serie de decretos que dan forma al nuevo ministerio, no se aprecian cambios sustanciales respecto de la gestión anterior, más allá de la elevación de rango institucional, y del aumento de la estructura política y burocrática. No posee nuevos objetivos y herramientas que marquen un cambio de jerarquía respecto de la cuestión ambiental. Incluso aparecen funciones superpuestas en la nueva estructura.
La designación de autoridades complementa un panorama de aparente improvisación bajo el ropaje de la “nueva política”: desde el propio ministro, quien reconoce no saber de la temática de la cartera a su cargo, hasta un conjunto de funcionarios de diversas extracciones sin antecedentes en la gestión pública o en política ambiental.
La impericia en los pasos institucionales iniciales del nuevo ministerio también se manifiesta en el juicio que vierten los párrafos dedicados al tema en el informe “El estado del Estado”, de reciente publicación en la web de la Casa Rosada. Así afirma que “…La Argentina estaba alineada con países como China y los nucleados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) desde una posición minoritaria dentro de la discusión global, casi negacionista, que cuestionaba, incluso, los informes producidos por el panel de expertos de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Entre 2003 y 2015, las emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina crecieron 144 por ciento…”. Hasta los cambios introducidos por la actual gestión, Argentina formaba parte del Like Minded Group of Developing Countries (Grupo de países en desarrollo y afines), junto con India y otros, además de los mencionados; cuyo posicionamiento central ha sido que los países desarrollados asuman sus responsabilidades históricas en la generación del proceso de cambio climático. Estos cambios solo pueden entenderse desde el giro que sufre la política exterior argentina con la administración Macri, y su realineamiento con los Estados Unidos y demás países centrales. Vaya paradoja, ya que Estados Unidos ha sido uno de los principales negacionistas del Cambio Climático.
Por otra parte, Argentina no solo no ha cuestionado los informes del panel de expertos (IPCC), sino que muchos de los científicos que lo integran son argentinos, y ha sido aquí, en nuestro país, la presentación del Quinto Informe de Evaluación del IPCC en septiembre de 2015.
No obstante lo ya mencionado, el aumento de emisiones desde 2003 al 2015 se encuentra exagerado: El mismo fue de 67.386 Gg CO2 eq (gigatones de dióxido de carbono equivalentes), que equivalen a un 15,45 por ciento y no a un 144 por ciento, de acuerdo al Inventario de Gases de Efecto Invernadero, publicado por el propio MAyDS.
Posteriormente destaca que “…la Ley de Glaciares se encontraba prácticamente paralizada por falta de ejecución de las partidas destinadas a la confección del inventario…”. Curiosa paralización, luego de haber publicado las primeras nueve subcuencas del inventario (más del 10 por ciento del total), de haber reglado los procedimientos administrativos y técnicos para la validación del Inventario Nacional de Glaciares (ING) –reconocido por el jefe de Gabinete en su informe al Congreso Nacional–, de haber efectuado varias reuniones de coordinación con las instituciones intervinientes en el citado inventario, de haber producido más de 15 informes técnicos al respecto y de haber formalizado el expediente para dotar de nuevo presupuesto al ING, toda vez que se había gastado y rendido la partida original; solo por mencionar lo hecho durante 2015.
No obstante, lo más llamativo del caso es que a pesar de las críticas, no se conoce aún cuál es la propuesta del nuevo MAyDS a la “situación heredada”, ni cual es su estrategia, ni su propuesta de política ambiental. Hablar de ambiente es hacerlo de la desigualdad en la distribución de la riqueza, del conocimiento y del poder como raíces de las problemáticas ambientales; es referirse a la vinculación directa con el entorno en la producción de bienes y servicios. Por eso muchas veces se sostiene que la principal política ambiental es la política económica. Este abordaje requiere mucho más que frases hechas, campañas de publicidad y focus group; precisa entender que en esa materia el sustantivo es la política y el sujeto es el ciudadano en su territorio. Por el bien de todos, esperemos que “al mejor equipo en los últimos 50 años”, no les lleve demasiado tiempo hallar las respuestas.
* Ex director de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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