Al menos 116 femicidios fueron cometidos por uniformados, activos o retirados entre 2009 y 2015, de acuerdo con los registros que lleva La Casa del Encuentro. En la amplia mayoría de los hechos, los asesinatos fueron ejecutados con armas de fuego, probablemente -aunque la ONG no tiene ese dato–, con el arma reglamentaria que le proveyó el propio Estado. En La Pampa, los hijos de un policía provincial que mató a su esposa y luego se suicidó, reclamaron ante la Justicia una indemnización, alegando que la Policía pampeana no le había retirado el arma a pesar de que tenía antecedentes psiquiátricos y de que había estado involucrado en hechos de gatillo fácil. El fallo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial hizo lugar al reclamo y condenó a la provincia a pagarles un resarcimiento económico. La sentencia es de 2013, pero no había trascendido. Y cobra actualidad en el marco del informe del CELS donde se advierte sobre el “Estado policial y la violencia de género” (ver aparte).

En el fallo, el tribunal consideró que la “omisión de previsión por parte de la institución no admite justificación si se tiene en cuenta que, lamentablemente, hechos como los referidos no son de una excepcionalidad tal que no puedan considerarse previsibles”. El femicidio en cuestión fue cometido por R.A.R el 2 de octubre de 2008. El policía mató a su esposa y se suicidó. Los hijos promovieron una demanda por daños y perjuicios. Fundamentaron su reclamo en los antecedentes psiquiátricos del padre y consideraron que el Estado provincial debería haber actuado “con severidad” ante el riesgo que implicaba que portara un arma de fuego.