La Justicia Federal de San Juan inició una investigación por presunto lavado de dinero y evasión impositiva a la cúpula de la Iglesia de San Juan, por lo que pidió informes a varios bancos, la AFIP y hasta el Vaticano, en función de una denuncia formulada por el ex administrador del Arzobispado sanjuanino.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo hizo lugar al pedido de apertura del proceso judicial formulado por el fiscal Francisco Maldonado y aunque la causa aún no tiene nombres y apellidos, apunta a determinar un supuesto manejo irregular del arzobispo Alfonso Delgado y el vicario general, Román Becerra.

La denuncia por la que se inició la investigación fue formulada en la justicia provincial por el ex administrador de la arquidiócesis, el contador Juan Bronzina, después de que en febrero pasado fuera denunciado por el obispo Delgado por el faltante de entre 500 y 700 mil pesos en la cuenta de la institución. Bronzina reconoció “manejos irregulares”, pero dijo en su defensa que lo había hecho por orden del obispo para “hacer pagos indebidos en la Curia”.

Concretamente, el contador denunció que los dineros “eran usados para pagar problemas con sacerdotes que tenían hijos, novias o faltantes en colegios o parroquias” y que el obispo “ingresó dinero al país sin declararlo”.

Mientras el contador y el ex tesorero de la Curia Darío Tapia fueron procesados por la justicia local por administración fraudulenta por el faltante de dinero, la denuncia de presunto lavado y evasión pasó a la justicia federal y esta semana empezó la investigación.

Sobre este caso, Alfonso Delgado, dijo que se trataba de “un manotazo de ahogado” de Bronzina y que “nada de eso era cierto”, sino que era “un intento por embarrar la cancha” aunque lo “perdonaba como católico”.

Según se conoció ayer, el juez Rago Gallo pidió informes al banco de la Santa Sede (IOR), la sucursal provincial del banco Santander, el Banco Central, Migraciones, Aduana, AFIP y la Conferencia Episcopal.

La investigación se inició cuando el ex administrador la ratificó ante la fiscalía federal, y agregó que el obispado manejaba fondos a espaldas del organismo recaudador nacional, que traían a la Argentina dinero que el Arzobispado tenía en cuentas del Vaticano y el banco Santander Internacional Miami, para cambiarlo después en el mercado paralelo.

En el juzgado se indicó que el juez apunta a saber si hubo extracciones de las cuentas que el Arzobispado pueda tener en el exterior, si hay constancias de viajes de integrantes de la Iglesia a los lugares donde están esas entidades bancarias y si se hicieron declaraciones ante la AFIP por eventuales sumas ingresadas al país.