El Estado argentino debe responder alrededor de veinte reclamos que represores involucrados en distintas causas por delitos de lesa humanidad presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero el Gobierno no parece estar muy apurado por defender la legitimidad de esos procesos. El plazo para enviar la respuesta al organismo internacional está vencido y en sectores vinculados a organismos de derechos humanos hay preocupación porque las demandas puedan prosperar como consecuencia de un apoyo tácito, es decir, porque no se refuten las acusaciones de los procesados e imputados por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Desde la secretaría de Derechos Humanos aseguran que esto no ocurrirá, que se solicitó una prórroga al organismo internacional y que se enviarán las respuestas. Pero incluso funcionarios de Cancillería advirtieron internamente sobre la mora.

En términos generales, los reclamos que presentaron los represores en la CIDH son repeticiones de los planteos de las defensas durante las instrucciones de las causas o en los juicios y fueron contestados en varias instancias por los jueces que intervinieron, ya sean los magistrados de primera instancia, los camaristas, los miembros de la Cámara de Casación y hasta de la Corte Suprema, en los casos en que ésta se expidió. Los reclamos están en una primera etapa, es decir, el Estado argentino recién debe dar su primera respuesta para que la Comisión decida luego si el caso es admitido o se descarta.

El organismo internacional podría intervenir en caso de que las garantías de los acusados no estuvieran siendo respetadas, pero no puede convertirse en una “cuarta instancia”, es decir, no puede, por ejemplo, analizar la prueba de un juicio. Muchas de las críticas de los represores están vinculadas con el respeto del juez natural, el debido proceso, la imparcialidad y el plazo razonable de detención sin juicio.

Sin contar las impugnaciones de los propios acusados, sus familiares o lobbistas, los juicios sobre los crímenes de la dictadura son un ejemplo para el mundo. Entre otras muchas cosas, no se hicieron con tribunales especiales, que, aunque suele utilizarse en muchos lugares para investigar hechos similares, pueden ser objeto de críticas. Además, la reapertura de estas causas se realizó con el auspicio e impulso de la propia CIDH, ya que ante la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, los familiares de desaparecidos recurrieron al organismo internacional. En 1992, la Comisión elaboró un informe en el que sostenía que esas normas eran contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos y que el Estado argentino debía investigar los crímenes de la dictadura. A ese pronunciamiento apelaron los organismos de derechos humanos para reclamar durante años la continuidad de los juicios. En esta línea, una de las preocupaciones de los familiares de desaparecidos es que los represores, al concurrir a la CIDH, busquen una equivalencia simbólica con las víctimas, cosa que las agrupaciones vinculadas con los acusados en estos juicios, como la que lidera Cecilia Pando, están tratando de instalar hace rato: por un lado se presentan como “pesos políticos”, por otro insisten en equiparar las “violencias políticas”, en una operación discursiva sostenida incluso por el presidente Mauricio Macri.

Según pudo reconstruir Página/12, algunos de los represores que hicieron planteos en la CIDH son:

- Ricardo Lardone: fue condenado en 2008 a prisión perpetua en Córdoba en una causa en la que se investigaron los secuestros, las torturas y los asesinatos de cuatro militantes del PRT en La Perla. Además está siendo juzgado por otros hechos. Había sido detenido en 2003 pero en 2007 fue excarcelado y liberado porque ya llevaba más de tres años sin condena. Antes de que comenzara el juicio oral, en 2008 fue nuevamente detenido y luego condenado. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema. En 2013 fue beneficiado con la prisión domiciliaria.

- Alejandro Duret: fue detenido en diciembre de 2005 en la causa por la desaparición de Carlos Labolita. A mediados de 2009, el Tribunal Oral de Mar del Plata, por mayoría, lo absolvió y lo dejó en libertad. Pero en 2011, la Cámara de Casación revirtió el fallo y lo condenó a quince años. Ante la posibilidad de ser arrestado otra vez, se fugó y fue detenido en Chile. Duret apeló el nuevo fallo, que actualmente está siendo revisado. En abril del año pasado volvió a recuperar su libertad mientras ese trámite sigue.

- Daniel Amelong: Está imputado en cinco causas y fue condenado en dos. Las sentencias fueron confirmadas por la Corte. Está detenido en Marcos Paz.

- Carlos Enrique Gallone fue condenado en 2008 por la Masacre de Fátima. En 2010 la decisión del Tribunal Oral fue confirmada por la Cámara de Casación y en 2011 por la Corte Suprema. También fue procesado en una causa por secuestros y torturas en el centro clandestino Coordinación Federal. Está detenido en la cárcel de Devoto.

- Carlos María Romero Pavón: fue condenado a prisión perpetua en 2014 en la causa en la que se investigaron los crímenes cometidos en el centro clandestino La Cacha, de La Plata. También está procesado en los expedientes vinculados a los centros clandestinos Pozo de Banfield, Brigada de San Justo y Pozo de Quilmes. Cuando hizo su presentación ante la CIDH llevaba dos años y medio procesado sin condena, pero la situación varió, ya que en la primera causa hubo sentencia.

“Vamos a contestar las peticiones y no vamos a cuestionar los juicios”, respondió un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos ante la consulta de este diario. “Los plazos de la Comisión son estimativos, no perentorios y pedimos una prórroga”, explicó sobre la demora en enviar una respuesta al organismo internacional. También dijo que los escritos serán “técnicos”, “sin adjetivos” y que se fijarán caso por caso si hay alguna situación que deba ser atendida. Atribuyó la demora a la falta de respuesta de las agencias del Estado a las que le consultaron por la situación de los acusados, aunque, según pudo saber este diario, al menos la Procuración General está enviando escritos con las explicaciones desde enero.

“Desde el surgimiento del sistema interamericano de derechos humanos se ha entendido que sus órganos no pueden revisar todas las situaciones denunciadas a lo largo del continente y que, en cambio, deben promover estándares para el respeto de los derechos humanos a través de los casos que eligen tratar. A eso se agrega que la CIDH actualmente atraviesa una grave crisis financiera y está reduciendo drásticamente su personal, y por ende, su capacidad de acción. Sería sorprendente que en este contexto se dedique a tratar estos casos, en los que no se ha hecho más que seguir los estándares fijados por la misma Comisión”, señaló Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Iud explicó que existen muchos precedentes de la propia Comisión o de la Corte Interamericana en los que se brindaron contundentes definiciones sobre los crímenes de lesa humanidad y que lo que se hace en Argentina es la puesta en práctica de esa definiciones: no hay posibilidad de prescripción en estos casos, bajo ningún aspecto pueden ser tratados por la “justicia militar” ni puede haber privilegios para los imputados por su condición de militares.

En cuanto a la duración de la prisión preventiva, el representante de Abuelas señaló que “la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema también se ha hecho eco de los precedentes del sistema interamericano de derechos humanos, aunque sería deseable, de todas formas, que la Corte Suprema resuelva con más agilidad los recursos extraordinarios, pues hoy ese el principal obstáculo para llegar a sentencia firmes”.

“Tienen derecho a denunciar como cualquier otra persona. Pero el Estado debería responder dejando en claro que los juicios se están llevando a cabo con jueces de la Constitución, resguardándose los derechos y garantías y, en todo caso, de haber alguna situación en particular que merezca alguna otra reflexión, que se haga. Een el caso del refugiado por la Convención de la ONU, Galvarino Apablaza Guerra, la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, ofreció una solución amistosa a la pinochetista UDI (Unión Democrática Independiente), con lo que podrían vulnerar la Convención de Refugiados, a la vez que hacer un guiño a los corruptos descendientes del tirano. Esperemos que cambie su actitud y que sean serios a la hora de la respuesta, reivindicando el proceso de justicia iniciado en la Argentina”, aseguró Rodolfo Yanzón, representante de familiares y sobrevivientes en numerosos juicios.

Respecto de las condiciones de detención, recientemente la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que de los 1070 detenidos por estas causas, más del 45 por ciento no se encuentran en prisión (574 en cárceles, 467 en arresto domiciliario, 8 en hospitales, 7 en dependencias de fuerzas de seguridad y de otros 8 no se cuentan con datos). “Esto contrasta drásticamente con la realidad de las personas detenidas por “delitos comunes”, que en su mayoría se encuentran en un penal. Los números muestran que no parece haber una práctica judicial discriminatoria con los imputados por crímenes de lesa humanidad, sino más bien lo contrario”, señaló Iud.

Sin embargo, desde organizaciones o personas vinculadas a los represores insisten regularmente con el argumento de que se violan las garantías de los acusados de crímenes de lesa humanidad con el objetivo de reclamar el final de los juicios. Una de las últimas avanzadas de este tipo fue publicada en La Nación el 16 de junio. El abogado Horacio Lynch, que fue presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) –agrupación de la que fue director el ministro de Justicia, Germán Garavano–, señaló que “los presuntos represores” fueron “apresados en procesos cuestionables” en los que se cometen “irregularidades” y se quejó de que “coexisten en cárceles con delincuentes comunes”.

El hecho de que las solicitudes ante la CIDH llegaran al país más o menos en simultáneo generó cierta desconfianza entre los organismos de derechos humanos. Hizo acordar a la operación con la que en 2001 más de 600 militares hicieron pedidos de habeas data a la Secretaría de Derechos Humanos y al CELS para reclamar la información qué información había allí sobre ellos mismos.

En la CIDH sostienen que, a pesar de las dificultades financieras que atraviesan, están ordenando viejas demandas y por ese motivo desarchivaron expedientes que no se habían movido. “Que hayan llegado todos juntos no tiene nada que ver con el cambio de Gobierno”, se escudó un funcionario del Poder Ejecutivo. De todas formas, Página/12 supo que, al menos en una oportunidad, un representante del gobierno argentino aludió con cierto interés a estos trámites ante un miembro de la Comisión.

“Esperamos que el Estado responda rápida y eficazmente. Por otro lado, parece que estas personas entendieron lo imperioso que es tener herramientas legales que nos permitan proteger los derechos humanos, sobre todo si pensamos en la campaña que se hizo contra la CIDH durante la dictadura, incluso a través de grandes medios”, concluyó Yanzón.