El 15 de julio de 2013, durante un intento de robo de un auto estacionado en el playón del hipermercado Coto, de Ciudadela, una mujer rehén resultó herida en la espalda presumiblemente por una bala policial ya que se encontraba detrás del asaltante que conducía el vehículo. También resultó herido el hombre que la acompañaba. Si se puede considerar récord la velocidad en que la causa fue elevada a juicio oral –exactamente 11 meses después–, qué habrá que pensar del mismo juicio, que se desarrolló en un solo día, el 24 de junio. La clave de tanta urgencia: siete Bonaerenses eran investigados por los disparos. En un caso así siempre hay que preguntarse quién paga el plato. Respuesta: de 26 años, pero con menos edad madurativa que los 12 de condena que le encajó el Tribunal Oral 1 de San Martín, Carlitos G. compartió sentencia con el asaltante que lo convenció de acompañarlo a dar una vuelta. Carlitos G está preso desde entonces.

Nació con la enfermedad conocida como Trisomía 9 (triplicación del cromosoma 9), entre cuyas principales derivaciones aparece el fuerte retraso madurativo que sufre (edad de un niño de 7); malformación en la espalda por lo que lo operaron dos veces para colocarle dos barras de titanio que le atraviesan la espalda; durante 20 años fue atendido con hormonas de crecimiento en el Hospital Gutiérrez; le realizaron una angioplastia en el omóplato izquierdo; y sufre miopía avanzada.

Es inentendible que Carlitos G. haya llegado siquiera a sentarse frente a un tribunal a menos que se conozca el protagonismo de la Bonaerense y la aceptación a sobre cerrado del inicio del expediente por parte de los jueces Alejandro Moramacco Terrarossa y Oscar Correa, y de la fiscal Noemí Carreira. La tendencia a creer la versión policial por parte del Tribunal 1 tiene archivo periodístico: fueron apartados del juicio por el descarrilamiento de La Cárcova –en el que la posterior represión de la Bonaerense derivó en dos jóvenes muertos y uno gravemente herido– porque sostenían la versión policial y política de que había sido un descarrilamiento tramado para asaltar el tren.

Carreira no les va en zaga: después de la condena, la madre pidió la detención domiciliaria. Carreira respondió que el pedido “deviene prematuro” porque llevaba poco tiempo en la cárcel. ¿Se refería a Carlitos? Sí, qué crezca y aprenda.

El día del juicio, la abogada de la rehén baleada, que participó como testigo y víctima en una silla de ruedas, sostuvo que los Bonaerenses aparecieron por el Hospital Posadas, para apretar a los médicos y obtener el proyectil que le acababan de sacar de la espalda. Misión especial para que el juicio sea rápido y con alguna opacidad que nadie va a estar reclamando.

“Pensé que lo traían a casa después del juicio –dijo Leandra, la mamá de Carlitos G. a Página/12–. Hasta el guardia de la cárcel dijo ‘del juicio te vas a tu casa’. Pero nada de eso sucedió. No dieron como válido el estado de mi hijo. Ni siquiera me llamaron como testigo para preguntarme qué había hecho mi hijo ese día”.

El 15 de julio de 2013, Carlitos había salido con permiso de su mamá. “no lo dejábamos salir para que no le pasara lo que le pasó, que se aprovecharan de él –dijo Leandra–. Pero ese día no podía estar cuidándolo y le dije que saliera pero que volviera antes de las siete de la tarde, le di 5 pesos para un alfajor y se fue”. De Carlitos recién supo dos días más tarde, después de pasar por la amansadora de la comisaría 6ª, y la 2ª, de donde la llamaron. Estaba detenido, el DNI le había desaparecido en una de las comisarías, tenía cosida la cabeza por un disparo policial, y no tenía el certificado de retraso madurativo porque se lo tenían que extender al día siguiente, en el Hospital Alvear, consulta a la que Carlitos nunca llegó. Durante el juicio, una de las preguntas que hizo la fiscal Carreira fue por qué había demorado tanto tiempo en obtener el certificado si a Carlitos lo trataban desde que nació. Pregunta de alguien que nunca pasó por las dificultades que pasó Leandra, sola y en la crianza de dos hijos, uno de ellos con retraso madurativo.

“Yo estoy en una situación jodida –confió Leandra su historia que durante el juicio no tuvo espacio–, quedé sin trabajo, mi otro hijo está trabajando de noche en negro en una parrilla por monedas. A Carli hay que llevarle un bolso de mercadería. En Julio van a ser tres años que me sacaron la vida. A veces me falta fuerza para levantarme. Ni ganas tengo. Casi tres años que vivo en los tribunales y sin respuesta”.

La condena fue apelada y recayó en la Cámara de Apelaciones, sala II cuyos jueces Sergio Pilarche, Raúl Leturmy y Javier Mariani, rechazaron la apelación y coincidieron con Carreira y los jueces del Tribunal 1. “El penado aún no ha alcanzado el proceso de resocialización requerido para la concesión del beneficio en trato”. Siga preso hasta que aprenda.

El caso de Carlitos G. está apelado en Casación. Por un lado se pide la prisión domiciliaria. Por el otro, que se revea un fallo en el que en ningún momento se atendió la realidad.

Mientras, Carlitos sigue en la U 23, en Florencio Varela, aguardando crecer unos años para que le permitan volver a la casa.

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