La Justicia de San Isidro dictó una medida cautelar que obliga al municipio de Tigre y a la provincia de Buenos Aires a garantizar a las 800 familias que habitan el barrio El garrote servicios urbanos básicos. En un plazo de 60 a 120 días, ambas jurisprudencias deberán asegurar la limpieza, fumigación y saneamiento del río Luján y del canal de San Fernando, además del acceso al agua potable y a la red de gas. La demanda fue iniciada por los vecinos y patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a partir de la construcción de un emprendimiento inmobiliario que agrava la precaria situación del barrio al aumentar los riesgos de provocar inundaciones. El mismo predio ya originó otra demanda por razones medioambientales.

El juez Luciano Enrici, del Juzgado Contencioso Administrativo 2 de San Isidro, resolvió exigir al Estado municipal y provincial que aseguren la correspondiente recolección de residuos en el barrio, la fumigación y la limpieza de la zona, además del saneamiento de las zonas del río y del canal que lo cruzan. En su fallo, el juez recuerda también que el acceso al agua potable es un derecho humano que exige la tutela judicial, y ordena a ambas jurisdicciones a garantizarlo para las familias del barrio El garrote. El asentamiento comprende la zona delimitada por las vías del Tren de la Costa, el canal San Fernando, el río Luján y un paredón que lo separa de un predio donde en la actualidad se construyen viviendas sociales.

“La demanda fue una solicitud de los vecinos debido a una conjunción de factores, uno de los cuales estaba relacionado a la construcción del emprendimiento náutico Venice (un barrio privado ubicado sobre la costa)”, explicó Eduardo Reese, director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS. Esta construcción, explicó, generaba temor en las familias del barrio El garrote, que consideraban que con la alteración en el suelo llevada a cabo podía aumentar el riesgo de que se inundara la zona en casos de lluvia.

Así, en agosto de 2014, el CELS patrocinó la demanda de los vecinos del barrio de Tigre, a partir de la cual se abrieron tres causas. La primera, a la que responde el fallo aprobado por la Justicia, se inició contra la provincia y el municipio. “El barrio –afirmó Reese– está en una situación de claro abandono y precariedad”. Ese abandono se manifiesta en la ausencia de un sistema cloacal, de un sistema de recolección de basura, “pero también en la falta de saneamiento del río y del canal que tienen altísimos niveles de contaminación”, aportó.

El fallo del juez cita además un informe de la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente, del que se desprende que en el barrio existen “bocas de desagües cloacales hechas por los vecinos”, algunas de las cuales se encuentran cerradas de forma insegura “mientras que otras directamente, están abiertas”. Además, la asociación sanitaria señala que no existen instituciones educativas ni centros de salud dentro de los límites del barrio, por lo que para acceder a ellos los vecinos deben salir de El garrote, aunque el estado de las calles imposibilita la circulación del transporte público, de ambulancias, e incluso de autos particulares.

En cuanto a la situación medioambiental general, el informe señala que “las aguas del canal se ven a simple vista altamente contaminadas por todo tipo de residuos”, como la situación en la que se encuentra la zona de la playa de su desembocadura en el río Luján, donde se distinguen “tres montículos de aproximadamente 4 o 5 metros de alto” de basura. “El agua que penetra en las viviendas durante las inundaciones arrastra los contaminantes que se encuentran en el suelo como así también los residuos cloacales vertidos a cielo abierto”, indica el informe.

Las otras dos causas iniciadas por el reclamo de los vecinos aún esperan dictamen de la Justicia. Una de ellas, además del municipio y la provincia, se abrió contra TGLT, la empresa constructora de Venice, debido al impacto de esa edificación en la zona y las irregularidades en las obras, entre las que se incluye su iniciación antes de conseguir el permiso de los organismos regulatorios correspondientes. “El avance de la investigación nos dice que la obra empezó al menos nueve meses antes de que se aprobara la documentación técnica del proyecto y al menos un año antes de que la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires avalara el proyecto hidráulico”, expresó Reese.

La tercera causa, de nuevo contra el municipio de Tigre y contra la provincia de Buenos Aires, apunta a la aplicación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat (14.449), de alcance provincial, que busca garantizar el derecho a la vivienda y a un hábitat digno, en particular a los sectores de más bajos recursos.

La ley provincial, sancionada en 2012 y reglamentada a fines de 2013, además de establecer derechos habitacionales para todos los ciudadanos, obliga a las grandes empresas del mercado inmobiliario a ceder el diez por ciento del valor total del terreno sobre el que construye para la realización de planes de vivienda social. Se trata de barrios cerrados, countries, hipermercados, clubes de campo, shoppings y cementerios privados, “siempre que ocupen predios de más de 5 mil metros cuadrados”, según señala la norma. “La demanda de El garrote nos parece muy importante –aseguró Reese– en tanto pone en juego la aplicación de una ley que busca garantizar un derecho tan básico como la vivienda”.