Entre 10 y 20 vecinos de Villa Soldati y Villa Lugano recibieron intimaciones en las que el gobierno porteño los intima a reparar las veredas del frente de su casa en un plazo máximo de 45 días. A esa comuna, la 8, las notas comenzaron a llegar la semana pasada; en algunos casos llevan la firma del ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Machiavelli, en otros, del subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, Ezequiel Capelli, y en otros, de ambos funcionarios, algunas comunicaciones, además, van acompañadas de foto de la vereda. En todos los casos, las comunicaciones advierten que las multas aplicables pueden ir entre los 500 y los 10 mil pesos. “Hay vecinos muy preocupados. A nosotros nos vino a hablar una señora mayor, de 80 años, totalmente desesperada, porque no tenía plata para hacer arreglar la vereda y sentía que ya tenía que pagar la multa de 10 mil pesos”, contó a este diario el comunero Facundo Roma, integrante de la Junta Comunal 8. Denuncias similares comenzaron a registrarse estos días en la Comuna 9, que comprende Parque Avellaneda y el sur de Mataderos, y en la Defensoría del Pueblo porteño, informaron a este diario fuentes de ambas entidades.

Mientras que los comuneros y la Defensoría pusieron un marcha un mecanismo para relevar situaciones similares en otras jurisdicciones de la Ciudad, para elevar el reclamo al ministerio a cargo de Machiavelli. En tanto, las intimaciones y amenazas de multas pusieron en foco una disputa de competencias pendiente entre el Gobierno porteño y las potestades y presupuestos de las comunas, en cuya órbita deberían operar las obras de “Reparación Vías de Tránsito Peatonal”, que ya tienen presupuesto asignado. Así lo detalló a este diario la presidenta de la Auditoría de la Ciudad, Cecilia Segura, quien elaboró un relevamiento “en base a información pública” para dar cuenta de las alternativas del programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras (RyMA), que sigue siendo potestad del Gobierno porteño, en lugar de haber pasado a las Juntas Comunales, como estaba establecido en la descentralización. Segura, además, señaló que las intimaciones enviadas a Lugano y Soldati son parte de una “política de expulsión”, porque “el vecino que pueda pagar el arreglo lo hará y el que no tenga recursos para hacerlo, tendrá que seguir transitando por una vereda rota, sin importar que sea anciano, discapacitado o que lleve un niño en un cochecito”.

Vecinos de la comuna 9 también recibieron intimaciones por el estado de sus veredas. “En esta comuna tenemos veredas deterioradas, de casas de gente grande, jubilados, gente humilde que no tiene la plata para arreglarlas. Nadie vive con la vereda rota si lo puede arreglar. Pero intiman a frentistas que no tienen para cubrir el costo de ese arreglo”, detalló a este diario la comunera Aixa Rochab. La funcionaria añadió que la Junta Comunal está “canalizando los reclamos para hacer notas y presentaciones colectivas en la Defensoría del Pueblo”.

En Villa Soldati y Villa Lugano, la Junta Comunal comenzó gestiones “con la Secretaría de Descentralización, porque consideramos que hay una disputa de competencias. De las veredas se supone que se encargan las comunas, y además la ley indica que, ante cualquier duda por una competencia, se debe resolver a favor de la comuna”, detalló en diálogo con Página/12 el comunero Roma. “Nosotros, en la Comuna, se supone que tenemos una partida para veredas, pero no nos autorizaron todavía para usarla. A nosotros nos figura esa partida, pero no está autorizada para gastarla. Y además también tenemos en nuestra competencia el área de Control Comunal, por lo que si hubiese que hacer intimaciones, tendrían que haberse comunicado con nosotros primero. Si corresponde intimar a un frentista, lo tendríamos que intimar nosotros”, añadió.

Sin embargo, subrayó el funcionario, el de las competencias no es el único conflicto que ponen en foco las intimaciones. “Esta Comuna en particular es un área con una deuda histórica, sobre todo en materia de infraestructura. Villa Lugano y Villa Soldati son el olvido mismo y de pronto aparece el Estado pero intimando a los vecinos por una vereda. Nosotros decimos que el Estado no puede reclamar eso a un vecino cuando no da respuesta en educación, salud, transporte. Acá hay veredas rotas en las puertas de los colegios, parques, plazas que hay que hacer. No es que la zona es un lujo y te ponés a ver qué más falta. Que el Estado intime a los grandes frentistas de la zona, los centros comerciales, antes que a los vecinos”, observó Roma.

En la misma línea, Segura evaluó que las intimaciones para “la reparación de veredas enm mal estado (...) resulta por lo menos desacertada en un contexto de aumento de la luz, gas, gas, agua, transporte, ABL y demás”.