En el marco de una investigación que lleva más de dos años, fueron detenidos un jefe policial del partido de Lanús, tres agentes de la misma fuerza de seguridad y dos civiles, en relación con el funcionamiento de al menos un prostíbulo cuyas actividades eran encubiertas por los uniformados, que cobraban coimas para mantener la boca cerrada y desviar la investigación. Las detenciones se concretaron el lunes y los imputados son el jefe del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de Lanús, Marcelo Roque Lizzano, de 48 años; el agente del CPC Darío Damián Belcastro, de 36; el integrante de la División de Informática de la Policía Roberto Ariel Burgos, de 31, y Ariel Hugo Comba, de 32 años, del CPC de Quilmes. Lizzano, Belcastro y Burgos, cumplían funciones en la comisaría primera de Lanús. Todos fueron desafectados del servicio por decisión del Ministerio de Seguridad, que dio intervención a la Auditoría General de Asuntos Internos. El caso involucra a un ex asesor del intendente local, Néstor Grindetti.

Las detenciones fueron solicitadas por la fiscal María Delia Recalde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Delitos Sexuales, Informáticos y Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora y la orden fue emitida por el juez de Garantías 3 de ese departamento judicial, José Luis Arábito. Los dos civiles que cayeron presos son el abogado Daniel Antonio Morales, de 41 años, señalado como dueño de uno de los prostíbulos de Lanús investigados, y Manuel Rubén Contardo, de 61 años.

Contardo es hermano de Yolanda del Carmen Torino, alias “Yamila”, quien se encuentra prófuga. A ella se la mencionó como “encargada” del prostíbulo “Yamila”, de Lanús, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen (ex Pavón), en el límite de ese partido con el de Avellaneda. Este es uno de los lugares investigados y tiene una larga historia de clausura y rescate de mujeres víctimas de explotación sexual.

Los seis detenidos fueron llevados ante la fiscal Recalde para la indagatoria, pero todos se negaron a declarar. Contardo fue detenido en la ciudad de Buenos Aires, con intervención de la Policía Federal. Fuentes allegadas a la causa dijeron que hay un segundo prófugo, David Samuel Moreno, quien también está imputado de regentear los prostíbulos que son objeto de la causa.

Los hechos que se investigan son seis. En el primero de ellos, “Yamila” y Contardo están acusados de “promoción, facilitación y explotación” económica del ejercicio de la prostitución ajena de al menos 15 mujeres en el local ubicado en Hipólito Yrigoyen 3070, entre los meses de julio y septiembre de 2014. Existe la sospecha de que en este caso hubo participación de otras cuatro personas, una mujer y tres hombres, uno de los cuales, en la actualidad, prestaría servicios en la Prefectura Naval Argentina.

Otro de los casos aborda el alquiler del mismo inmueble de la calle Yrigoyen por parte del abogado Morales a Moreno y “Yamila”, algo que habría hecho a sabiendas de que el lugar era usado para la explotación económica de la prostitución. Morales está también imputado por haber presentado ante la Justicia un contrato de locación falso.

A los tres policías detenidos que prestaban servicio en la comisaría primera de Lanús (Lizzano, Belcastro y Burgos) se los acusa de no haber comunicado a la fiscalía de Lomas de Zamora la existencia de prostíbulos en su jurisdicción. En un lapso que va del 30 de junio al 7 de julio de 2014, los policías tomaron conocimiento pleno del funcionamiento del prostíbulo “Yamila”, pero nunca se lo hicieron saber a la fiscal Recalde.

Los policías, en lugar de notificar a la fiscalía, dieron intervención al juez Correccional 5 de Lomas de Zamora, Rubén Oscar Baca, “con la finalidad de brindar impunidad” a quienes regenteaban el prostíbulo de la avenida Yrigoyen. El 28 de agosto de 2014, Baca ordenó el allanamiento del prostíbulo, pero luego el juez correccional y los policías fueron imputados de incorporar “datos falsos” en las actas de secuestro y requisa, para amparar a los dueños del prostíbulo.

A pesar de la evidencia en contra, los acusados ratificaron con posterioridad los datos de esas actas en sus declaraciones como testigos ante el juez Baca. Por eso también les cabe la acusación por “falso testimonio”, además de “falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El juez correccional Rubén Baca, que con posterioridad fue nombrado asesor en temas de seguridad del intendente de Lanús Néstor Grindetti, de Cambiemos, tuvo que renunciar al cargo político en abril de este año, al darse a conocer el escandaloso procedimiento de agosto de 2014 en el prostíbulo “Yamila”. Baca también está acusado de proteger a los dueños del prostíbulo.

Baca tenía además la función de “secretario académico” de la Policía de Lanús. Esa función era la de “capacitar” a los agentes sobre temas judiciales y de procedimiento, tarea que había sido claramente desvirtuada en el operativo de agosto de 2014, cuando fue partícipe de una maniobra para desviar la investigación de la fiscal de Lomas.

Baca fue removido del cargo a partir de una denuncia pública formulada por dirigentes del Frente para la Victoria y del Movimiento Libres del Sur. En relación con el caso, la Fiscalía General de la provincia de Buenos Aires hizo una presentación ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Corte bonaerense. Todo comenzó porque la Unidad Fiscal 9 de Lomas de Zamora, descubrió la maniobra de Baca y los policías. “Alguien pisaba todas sus investigaciones” relacionadas con prostíbulos y trata, señaló una fuente cercana al caso.

Se aseguró que Baca “se superpuso en dos investigaciones Penales Preparatorias en curso iniciadas con antelación a su injerencia y de modo tal que, con su entrada en escena, ha tenido entidad como para condicionar negativamente el éxito de las pesquisas penales anteriores y ajenas”. Además, advierte que “el carácter de negativos de los allanamientos del juez Baca impresionan como tendientes a advertir a los sospechados que el ojo de la justicia estaba puesto sobre ellos”.