Jue 21.07.2016

SOCIEDAD  › LA ONU PIDE RESOLVER EL CONFLICTO ENTRE MENDOZA Y LA PAMPA

Un llamado por el río Atuel

Dos relatores de las Naciones Unidas exigieron que el gobierno argentino brinde una solución definitiva al problema del curso de agua que enfrenta a las dos provincias y actúe para que ambas puedan hacer uso de ese recurso.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre un viejo conflicto que atañe a dos provincias argentinas que disputan el acceso al agua del río Atuel. Ayer, la entidad internacional exigió al gobierno argentino que brinde una solución definitiva a La Pampa y a Mendoza y que actúe para que ambas provincias puedan hacer uso de los recursos hídricos de esa corriente natural. Hasta 1917, el Atuel surcaba el oeste pampeano, donde había colonias agrícolas. Mendoza modificó el curso de agua –que concluyó en 1940– con el dique El Nihuil. En 1987, la Corte Suprema ordenó liberar el río, pero la medida todavía no se cumple.

Ayer, la entidad internacional exigió al gobierno argentino que brinde una solución definitiva a La Pampa y a Mendoza y que actúe para que ambas provincias puedan hacer uso de los recursos hídricos de esa corriente natural. “El gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que vivieron durante décadas sin acceso adecuado al agua”, señaló el relator de la ONU sobre agua y saneamiento, Léo Heller. Así, la ONU exhortó a las autoridades argentinas a cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia, que estableció el carácter “interprovincial” del curso hídrico, y a regular la utilización del agua de forma compartida.

Heller manifestó además que recientes eventos en la esfera judicial dejaron en evidencia la persistencia del problema y la falta de compromiso por parte de las autoridades provinciales y nacionales para resolverlo.

Por su parte, la relatora sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, expresó gran preocupación ante el éxodo de pobladores de la zona oeste de La Pampa debido a la desecación del Atuel y a que la falta de agua provocó la salinización del agua restante. El resultado fue la escasez de forraje para el ganado y la muerte de animales, así como la degradación del suelo con efectos negativos para la agricultura. “El Estado no debe adoptar medidas de ningún tipo que impidan el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas”, agregó Elver.

En tanto, el diputado pampeano Martín Berhongaray aseguró que “la declaración de la ONU sobre el río Atuel es similar a las declaraciones que hace sobre Malvinas y que es un elemento más que fortalece la posición de La Pampa”. En tanto, el fiscal de Estado de Mendoza Fernando Simón, todavía no se pronunció, con el argumento de que aún no recibió una notificación oficial. El diputado mendocino Gustavo Villegas, por su parte, minimizó el pronunciamiento de los relatores de la ONU, al asegurar que es “una acción declarativa que no constituye un alegato legal” en el caso. El legislador radical señaló que “este es un proceso lento que ahora está judicializado”. El legislador sostuvo que La Pampa no sólo tomó la vía judicial a través de la demanda interpuesta contra Mendoza, sino que también buscó “aliados a nivel mundial” en este tema, en lugar “de poner la energía donde debería ponerla, que es en obras que permitan conservar el agua” en esa cuenca del norte de la vecina provincia.

En mayo de 2014, La Pampa demandó ante la Corte Suprema a Mendoza para que se declare el incumplimiento al fallo del máximo tribunal de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del curso hídrico, en medio de un conflicto que tiene seis décadas. La respuesta de Mendoza ante el máximo tribunal nacional se basó en otra disposición del mismo fallo, la cual establece que esa provincia tenía derecho a regar hasta 75.771 hectáreas, y luego compartir con La Pampa usos futuros.

Además, la defensa planteó que “La Pampa no ha hecho obras de cuidado del agua y tecnificación de riego en el norte (donde llega el agua del Atuel), sino que han invertido todo en el sur en relación al río Colorado”. En junio pasado, la Procuración General de la Nación rechazó la defensa provincial y se pronunció a favor de que la causa llegue al ámbito del máximo tribunal, que tendrá la última palabra.

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