Un estudiante universitario que cumple una condena a 18 años de prisión por haber asesinado a dos mujeres en 2004, ahora fue procesado –junto con sus padres– por femicidio (por los anteriores aún no había ley de femicidio), el de su novia, cometido durante una de las salidas transitorias laborales de las que gozaba. La novia de Carlos Federico Guardo, de 32 años, murió por quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, en septiembre de 2015, en un departamento céntrico de la capital de Santiago del Estero.

Por este nuevo crimen, Carlos Federico Guardo, quien continúa en prisión por la condena anterior, ahora fue procesado por “homicidio calificado”, mientras que sus padres, Carlos Guardo, de 70 años, y Mercedes Had, de 68, fueron imputados como “partícipes necesarios”. La víctima fue María Eugenia Anriquez, de 34.

Luego del procesamiento de los tres imputados, el juez de Instrucción de Santiago del Estero Ramón Tarchini, a instancias de los fiscales del caso, Mariela Bittar de Papa y Erika Leguizamón, dispuso que los padres de Guardo permanezcan con arresto domiciliario.

El joven Guardo, por su parte, seguirá alojado en el Penal de Varones de Santiago del Estero, donde cumple una condena por doble homicidio, cometido en circunstancias muy similares a las de Anriquez.

Durante la instrucción judicial del caso ocurrido en 2015, el padre del acusado aseguró que la muerte de la novia de su hijo fue “accidental”.

Declaró que fue “un accidente en ocasión de manipular un líquido inflamable. Yo, mi mujer y mi hijo la auxiliamos de inmediato y la hicimos asistir en una emergencia”, relató. Con anterioridad, habían prestado declaración indagatoria el principal sospechoso del asesinato, Guardo hijo, y su madre, quienes también se declararon inocentes. No obstante, un informe del jefe de médicos forenses de los Tribunales locales, Julio Roldán, precisó que la víctima presentaba “graves quemaduras en el cuello del útero, causadas con un elemento candente similar a un hierro, provocando un sufrimiento en vida a la víctima”.

Fuentes judiciales estimaron que el juez Tarchini podría imputar a médicos y policías por el delito de “encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público”, debido a que informaron tardíamente el episodio, a la vez que aseguraron que la víctima “falleció en un accidente al manipular un líquido combustible”.

Al momento de ocurrido el episodio, en un departamento de Libertad al 200, el estudiante de la Universidad Católica de Santiago del Estero gozaba de salidas transitorias para trabajar en el estudio jurídico de su padre. Anriquez, por su parte, estaba con libertad condicional por una condena por “corrupción de menores y por ejercicio de la prostitución”, según señalaron las fuentes.