Federico Valenzuela Campos se convirtió en el tercer policía detenido en Bariloche por la causa en la que se investiga el encubrimiento policial del homicidio del oficial Lucas Muñoz, quien estuvo desaparecido 27 días y cuyo cadáver fue encontrado el miércoles, 6 kilómetros al sur de la ciudad rionegrina.

A pedido del fiscal Guillermo Lista, el juez Bernardo Campana ordenó la detención de Valenzuela, que revistaba en la misma comisaría que la víctima y a quien se imputa haber encargado al sargento Néstor Meyrelles, de la comisaría de Catriel (a 600 kilómetros de Bariloche) y detenido la semana pasada, la compra de un chip telefónico utilizando el número de DNI de Muñoz, con la probable intención de desviar la investigación. De acuerdo con Lista, está demostrada la “conducta punible” efectuada por los policías ante la solicitud que le hiciera Valenzuela a Meyrelles de obtener en un lugar alejado de la ciudad un chip de una línea telefónica a nombre de Muñoz, quien ya estaba siendo buscado. “Ninguno de los dos se encontraba autorizado a realizar dicha actividad, no contaban con orden judicial que los avale y exhibieron silencio y hermetismo luego de aquella faena, ante el desconcierto” del paradero de Muñoz, incluso “pudiendo entenderse que estuviera con vida”, sostuvo el fiscal.

La causa, que apunta al interior de la fuerza policial de Río Negro, sigue acumulando involucrados: a Meyrelles e Irusta, los primeros detenidos, se suman Valenzuela y los también imputados Jorge Elizondo, jefe de la comisaría 42ª, José Jaramillo, subjefe, y David Paz, jefe de Seguridad Vial.

Muñoz desapareció el 14 de julio, entre el trayecto que va desde la pensión en la que vivía y la comisaría 42ª, ubicada sobre la calle Baldini, del barrio 2 de Abril, en la que revistaba. Daniela Rodio, su novia, declaró a medios locales que Muñoz le había pedido que lo visitara, y ella viajó desde Villa Regina para verlo, pero que la mañana del 14 lo notó muy nervioso, discutieron, y él le pidió que ese día no estuviera en la ciudad. En primera instancia, los investigadores creyeron que Muñoz nunca había llegado a la comisaría, pero las hipótesis cambiaron luego de que el fiscal encontrara los libros de guardia de la 42ª con siete folios arrancados desde el día 14 –la fecha de la desaparición– hasta el 17, por lo que fueron imputados Elizondo y Jaramillo, subjefe. Las hipótesis entonces se reorientaron hacia el interior de la comisaría y los colegas de Muñoz.

Entre los sospechados estaban los agentes Luis Irusta y Julián Morales, amigos de Muñoz, que el mismo 14 de julio llegaron a la pensión y, sin que mediara orden de allanamiento, ordenaron a la encargada que les franqueara la entrada al cuarto, donde revisaron y abrieron la computadora de Muñoz. Por ello, ambos fueron imputados por el fiscal dentro de la causa iniciada por irregularidades en el proceso de búsqueda. En 2011, Irusta ya había sido denunciado en el marco de una causa por la desaparición de Sergio Solano, un trabajador golondrina.

Cuando las sospechas sobre los policías se fortalecieron y la fuerza fue reemplazada en la investigación por Gendarmería, Prefectura, y PSA, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, mostró en público su enojo: “Es evidente que hay encubrimiento policial y esto no va a quedar así”.

El cuerpo de Muñoz fue hallado 27 días después de que se denunciara su desaparición. Estaba en las afueras de Bariloche, a seis kilómetros del centro, y permaneció a la intemperie custodiado por Gendarmería, a la espera de que llegaran peritos que viajaron especialmente desde Buenos Aires. A 700 metros del lugar donde fue hallado Muñoz, en abril había aparecido el cadáver de Micaela Ramos.

Una vez confirmado que el cadáver hallado era del de Muñoz, el fiscal a cargo de la causa, Martín Govetto, descartó la muerte accidental. “No hay dudas que fue un homicidio”, aseguró el fiscal, quien añadió: “No tenemos confirmado el momento y el lugar (del homicidio)”.