Los abogados de la familia del oficial de la policía rionegrina, Lucas David Muñoz, secuestrado y asesinado en Bariloche, pidieron al fiscal Martín Govetto, a cargo de la investigación, que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sea citado a declarar dado que creen puede tener información sobre un supuesto “pacto de silencio” entre uniformados.

La abogada Karina Chueri informó a los medios que el pedido se basa en declaraciones de Weretilneck al diario Río Negro, que fueron publicadas el domingo pasado, en las que el funcionario se refirió a una mochila que tenía la víctima al desaparecer el 14 de julio último y que nunca fue encontrada.

Chueri agregó que en esa entrevista, “fue el gobernador el que habló de un ‘pacto de silencio’, de cuestiones de la comisaría 42ª donde trabajaba la víctima, y otros temas llamativos”.

“Muñoz subió a un auto de alguien conocido. No se sabe nada de la mochila, con la que sale de su domicilio. Después, ¿quién puede tener durante 27 días a una persona uniformada, asesinarla y dejarla en un lugar para que la encuentre, dejándola con el arma? Estamos frente a un mensaje fuerte”, señaló Weretilneck en la entrevista publicada por el diario regional.

El mandatario provincial consideró que fue un mensaje “casi mafioso” y de “poder absoluto” porque “se hace a dos cuadras de la comisaría, a pleno día, con uniforme”. “Lo tengo el tiempo que quiero, lo asesino y lo pongo cuando quiero”, dijo Weretilneck en referencia al mensaje que él mismo leyó sobre el caso y el final de Muñoz.

El fiscal Martín Govetto informó el sábado pasado que, según las peritajes de Gendarmería, al policía lo secuestraron y uno o más días después lo mataron, señalando que aún no se determinó si el cadáver fue “plantado” en el lugar del hallazgo, cerca de la avenida de Circunvalación, en las afueras de Bariloche.

La policía encontró el cuerpo el mismo día de la última visita del gobernador a Bariloche, por lo que una de las hipótesis es que lo tuvieron escondido en otro lugar y lo trasladaron en ese momento a un sector que había sido rastrillado con perros rastreadores los dos días anteriores. Desde esa perspectiva, el mensaje mafioso estaba dirigido al gobernador provincial. Weretilneck había demorado tres semanas en hablar públicamente sobre el caso, antes de que Muñoz apareciera baleado en el camino de Circunvalación y a unos kilómetros del centro de la ciudad.

Al contrario, y obviamente, Weretilneck consideró que el mensaje “no fue para el poder político” sino “hacia algunos integrantes de la policía, y puntualmente para la comisaría 42ª”. “Si hubiese sido algo individual contra Muñoz, la reacción policial habría sido totalmente distinta.”

Las denuncias públicas de los padres de la víctima, Benjamín Muñoz y Alicia Ocares, y de los hermanos Javier y Paola, sobre la “pasividad” que tenía la investigación policial y judicial, lograron activar el caso y comenzar a desarmar una trama de encubrimiento policial, que terminó con el apartamiento de tres comisarios, un subcomisario, dos oficiales y un suboficial, y la detención de estos tres últimos.

Se trata del sargento Néstor Meyrelles, de la comisaría de Catriel, a 600 kilómetros de Bariloche, primero de los detenidos por haber comprado un chip telefónico utilizando el número de DNI de Muñoz. El oficial Luis Irusta fue detenido en Carmen de Patagones, oculto en la casa de un amigo. Fue uno de los policías que intervino en el alanamiento ilegal a la pensión donde vivía Muñoz. Por último, fue detenido el oficial Federico Valenzuela Campos, amigo de Muñoz, acusado de haber ordenado a Meyrelles la compra del chip.