La Corte Suprema de Justicia de Tucumán ordenó que Belén sea liberada, mientras continúa el análisis del expediente para determinar si el proceso es nulo. La decisión, que se hizo pública durante la tarde de ayer, tuvo lugar después de una muy fuerte campaña de la Mesa #LibertadParaBelén –que reúne a más de 40 organizaciones de mujeres, estudiantiles, sindicales, y de derechos humanos–, que el viernes pasado coronó con una marcha nacional en al menos 20 grandes ciudades con epicentro en Tucumán. La Corte coincidió con uno de los dos dictámenes del ministro fiscal Edmundo Jiménez, quien recomendó liberar a la joven por falta de fundamentos para extender su prisión preventiva, tras realizar una muy fuerte crítica a la Cámara Penal III responsable de la prórroga de la prisión.

“Se puso a llorar cuando le conté. Estaba sorprendida. No lo podía creer”, declaró a la prensa Soledad Deza, abogada de Belén, luego de una comunicación telefónica con la joven. Deza dio vuelta el caso luego de hacerse cargo de la defensa cuando Belén ya había recibido la condena a ocho años. La abogada, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, impulsó la Mesa #LibertadParaBelén que movilizó la campaña de reclamos apoyándose en las organizaciones de mujeres, que lograron extender el interés por el caso en el exterior. De hecho, Amnistía Internacional presentó a las autoridades tucumanas, a fines de julio, una lista de 120 mil firmas de todo el mundo reclamando la libertad para Belén y la anulación de la condena.

Los jueces de la Corte, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse, consideraron en el fallo al que tuvo acceso Página/12 que “la sola existencia de una sentencia con condena no firme, no puede por sí sola justificar la prisión preventiva”. Firmaron la resolución y consideraron que “continúa en estudio la revisión de la condena”, explicó Deza. Además, dispusieron que las actuaciones regresen a la Sala III de la Cámara Penal, que la había condenado a 8 años de prisión en abril pasado, por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, para que realicen todos los trámites necesarios para que Belén sea liberada.

“Si bien se resolvió el pedido de liberación de Belén, nosotros vamos a seguir pidiendo que se revoque el fallo, porque aún no se trató la cuestión de fondo”, resaltó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, la abogada Mariela Belsky. “Seguiremos insistiendo con la anulación de un fallo injusto y haciendo campañas para conseguir que se revoque y si eso no sucede llevaremos el caso a instancias internacionales en noviembre”.

El fallo fue dispuesto en abril por los jueces Dante Ibáñez, Fabián Fradejas y Rafael Macorito, quienes condenaron a ocho años a Belén tomando como prueba para la figura de homicidio agravado un feto del que inexplicablemente no se tomaron muestras, de cuya existencia sólo se retuvo una foto, y sin pruebas como el ADN que lo vinculen con la joven como supuesta madre. Los mismos jueces salieron en cuatro oportunidades a defender el fallo en los medios tucumanos, y en varias ocasiones incluso revelaron la identidad de la joven sin otro sentido que el de castigarla y avasallarla.

En el caso, además, las organizaciones de mujeres reclamaron que los médicos habían violado el secreto profesional. El primer diagnóstico médico, “aborto espontáneo incompleto sin complicaciones”, figura en la primera página de la historia clínica, que abre el expediente judicial.

“Después –sostuvo Deza–, comenzó su calvario: acusaciones, sospechas y finalmente, la cárcel”. Finalmente, fue encerrada en la Unidad Penitenciaria 4, ubicada a pocos kilómetros del centro de la capital tucumana.

Cuando el caso se hizo público, se conformó la Mesa para la Libertad de Belén, compuesta por 40 organizaciones de un arco político variado, mientras que a nivel mundial, Amnistía Internacional recogió más de 120.000 firmas que respaldaron el pedido de libertad. Por otro lado, las

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales exigieron que “se tomen medidas para la inmediata liberación de Belén en virtud de las violaciones que se cometieron, sin respetar estándares internacionales de derechos humanos”. Además, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, solicitó al gobierno tucumano que inicie sumario a todos los profesionales que atendieron a Belén.

La Mesa está dispuesta a continuar con el reclamo: la anulación de un juicio elaborado con una balanza de prejuicios y mirada patriarcal.

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