“Hay entre quince y veinte policías comprometidos y no vamos a perder un segundo en la investigación. Los que trabajaron en contra van a tener graves problemas, de encubrimiento para arriba van a pagar por todo en la justicia”, dijo ayer el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en relación al asesinato del oficial Lucas David Muñoz.

Desde Bariloche, adonde llegó el miércoles, el mandatario resolvió intervenir a partir de la semana próxima la Unidad Regional Tercera de la Policía de Río Negro, máxima autoridad de la fuerza en Bariloche y la región, y también desplazar a su cúpula.

Al mismo tiempo, afirmó que “está muy claro que jefes policiales y policías actuaron mal”. “Hay que comparar con otros casos que afectan a camaradas de la fuerza. Reaccionan enseguida y a veces se pasan, con excesos. Con la desaparición de Lucas fue al revés y todos los que pasaron a disponibilidad actuaron con pasividad por lo menos, o encubriendo o distrayendo los más complicados”, señaló el mandatario.

Para Weretilneck, el pase a disponibilidad de algunos uniformados ya implica una forma de sanción. El gobernador puso como ejemplos los casos de los comisarios Adrián Pallalef, a cargo de una jefatura en Viedma y que estaba de licencia, y Carlos Arias, quien hasta el lunes fue director de Seguridad de la provincia.

Pallalef y Arias fueron pasados a disponibilidad porque, como jefe y subjefe de la Regional Tercera, manejaron la policía de Bariloche, y fueron cuestionados por no respaldar y restar información a la investigación del caso Muñoz. Lo mismo ocurrió con el comisario Oscar González, quien hasta principios de año fue el jefe de la seccional 42 de Bariloche, donde trabajaba Muñoz.

Por su parte, los abogados de la familia de Muñoz presentaron un pedido de recusación del fiscal Martín Govetto, por considerar que dilató medidas importantes como los allanamientos en la sede de la Policía Montada, la misma seccional 42 y un complejo de cabañas donde reside un subcomisario investigado.