“La minería es una actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla. Las posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando actividades productivas que, cuando se hacen seriamente, traen bienestar para la comunidad”. Las frases, en línea con el discurso de las empresas, fueron dichas por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, en su paso por Chubut. Desde su asunción, Bergman visitó bastiones socioambientales como Esquel, Andalgalá, Jáchal y La Rioja, con propuestas de “diálogo” para avanzar con el extractivismo. A ocho meses de su asunción, las asambleas las cuestionaron duramente. También definieron al ministro. “Es un lobbista de las mineras”, afirmó Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá.

A fines de julio, Bergman visitó Trelew y Rawson. Explicó que el Gobierno promueve “debates serios” sobre minería y señaló que el problema es la “falta de controles”. Señaló que era “inconsistente” oponerse a la minería en una provincia con historia petrolera.

Empresas y funcionarios impulsan en Chubut el proyecto de plomo y plata Navidad, en manos de la empresas Pan American Silver. Ubicado entre Gan Gan y Gastre, el emprendimiento ya fue rechazado por una decena de comunidades indígenas y asambleas de toda la provincia. El 4 de agosto hubo movilizaciones en distintas ciudades de Chubut en rechazo a los nuevos intentos de las mineras y gobiernos.

En Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó en contra de la actividad, hubo manifestaciones a pesar de la lluvia y las temperaturas bajo cero. “Nos encontramos una vez más en esta plaza para manifestar el repudio a la megaminería contaminante y saqueadora. Exigimos el tratamiento del proyecto de ley de Iniciativa Popular (presentado por los vecinos) para frenar las mineras para siempre”, destacó el documento de la Asamblea de Vecinos de Esquel.

Por su parte, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) repudiaron “la continuidad del modelo extractivista” y denunciaron los intentos de profundización del “saqueo de la megaminería”, que comenzó con la quita de las retenciones en diciembre pasado. “Pero más nos preocupa y alerta que los ministerios a cargo de Juan José Aranguren (Energía) y Sergio Bergman (Ambiente) estén operando conjuntamente para seguir extendiendo los territorios devastados por la megaminería”, alertó Marcelo Giraud, de Ampap.

Giraud afirmó que Bergman busca “quebrar la oposición de las asambleas, comunidades y pueblos de las provincias cordilleranas”. Una vía en ese sentido es el intento de los gobiernos, junto a las empresas de mineras, de derogar las leyes que frenan la actividad, como la 7722 (en Mendoza) y 9526 (en Córdoba).

El Gobierno pretende avanzar con los proyectos mineros Potasio Río Colorado (de la denunciada multinacional Vale) y San Jorge. Las asambleas mendocinas cuestionaron el accionar del subsecretario de Energía y Minería provincial, Emilio Guiñazú, impulsor de “mesas de diálogo para la minería sustentable”.

Andalgalá conoce de megaminería desde hace veinte años. Allí funciona Bajo la Alumbrera e impulsan el nuevo proyecto Agua Rica, rechazado por amplios sectores de la población. El ministro Bergman visitó la ciudad en mayo pasado. Y repitió lo que había hecho en Jáchal y Chubut: propuso diálogo y “minería con controles”, y pidió “respetar la ley” para avanzar con la actividad. Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, dijo por eso que el ministro “es un lobbista de la mineras”. “Su visita fue una falta de respeto. Repite todos los mismos argumentos de las empresas y cuestiona nuestros conocimientos, experiencias y propuestas”, detalló.

El respeto a la ley es el argumento recurrente de Bergman. En Andalgalá le plantearon que existen leyes claves: Ley de Glaciares (no se pueden realizar actividades que pongan el riesgo esas fuentes de agua) y el principio precautorio de la Ley General del Ambiente (ante riesgo de contaminación y afectación a la salud, se deben tomar medidas preventivas y detener las actividades de riesgo).

“Quedó claro que no vino a escucharnos, vino a buscar consenso para la minería”, afirmó Carranza y recordó que Andalgalá –donde todos los sábados marchan en la plaza de la ciudad, hubo cortes de caminos y hasta puebladas de rechazo– ya se expresó contra la actividad extractiva.

La Asamblea de Ciudadanos por la Vida de Chilecito (La Rioja) también se expidió la semana pasada. “El gobierno de Mauricio Macri y del gobernador Sergio Casas no solo son continuidad de los anteriores, sino que profundizan el modelo extractivista que consiste en entregar los recursos naturales del país a las empresas transnacionales, sin importarles los costos económicos y ambientales que deberán pagar los pueblos y las generaciones futuras”, declaró. Los integrantes de la Asamblea también señalaron: “La visita del mediático Sergio Bergman, principal lobbista de las mineras, es una muestra de la decisión del gobierno nacional de que nuestra provincia se transforme en minera cueste lo que cueste”.

En julio pasado, la Asamblea Jáchal No se Toca viajó a Buenos Aires para exigir el cierre y la remediación de la mina Veladero (que derramó en septiembre más de un millón de litros de solución con cianuro a ríos de San Juan). También reclamaron la aplicación de la Ley de Glaciares y cuestionaron al Ianiglia (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que –según la misma ley– debiera haber finalizado el inventario de glaciares de todo el país.