Desde hacía meses tenía custodia policial en su casa. Fue amenazada, la seguían en la calle, la llamaban por teléfono y en octubre del año pasado la sede de ATE Rosario recibió varios anónimos destinados a ella que le advertían que cuidase a su hija. Sandra Cabrera tenía 33 años, dos hijos, diez años en Rosario y tres como secretaria general del gremio que nuclea a las trabajadoras sexuales de la ciudad (Ammar). Ayer, entre las tres y cuatro de la mañana, la ejecutaron de un tiro en la cabeza con un arma calibre 32. Era una de las mujeres con más exposición pública de Rosario. En los últimos años denunció extorsiones de la corporación policial y los aprietes de los propietarios de locales de prostitución privada. Una de sus denuncias logró descabezar la cúpula del Departamento de Moralidad de la Policía de Santa Fe en septiembre del año pasado. El viernes dejó escrita su última denuncia, una de las pistas que ahora sigue la Justicia para identificar a los autores del crimen. Acusaba a un ex cabo de Moralidad que aún recoge peajes de 50 pesos entre las prostitutas. Las compañeras de Sandra hablan de un “ajuste de cuentas”, la Justicia evalúa distintas hipótesis pero ayer pidió los antecedentes y la captura del suboficial, que anoche fue detenido.
Sandra comenzó a tener cierta notoriedad hace poco más de tres años, cuando se organizó en Rosario la asociación de meretrices Ammar. Había nacido en San Juan pero desde hacía siete años trabajaba alrededor de la terminal de ómnibus de Rosario, conocida como una de las zonas rojas de la capital de Santa Fe. Las trabajadoras sexuales conviven ahí con los locales nocturnos, casas de tragos y de prostitución llamadas de puertas cerradas. La aparición de Ammar, de las mujeres que intentan ejercer la prostitución fuera de los canales regenteados por los dueños de los prostíbulos o de la policía, se convirtió en un problema.
Los enfrentamientos más serios entre la asociación, la policía y los boliches empezaron el año pasado. María Eugenia Caggiano es abogada de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Rosario, donde Ammar tiene su sede. “Sandra –dice ahora– se la pasaba haciendo comunicados de prensa con denuncias por los aprietes de los propietarios de casas de citas, de los prostíbulos y de la policía.” Ninguno quería a las mujeres en la calle. “Las apretaban para que dejaran de trabajar en la zona con parada independiente porque se les caía el negocio.”
En septiembre, el gobierno de Carlos Reutemann relevó al jefe de la división de Moralidad Pública de la policía, comisario Javier Pinatti, al subjefe Walter Miranda y desplazó a varios policías del departamento. Tres integrantes de la Asociación de Meretrices de Rosario, entre ellas Sandra Cabrera, los habían acusado de recibir dinero de los boliches de prostitución y del cobro de coimas a las trabajadoras de la calle. La dirección de la estructura pasó a manos de una mujer, la comisaria Silvina Hamuai, considerada parte de la corporación policial y cuya designación sirvió aparentemente para descomprimir el escándalo de las denuncias y no para modificar la estructura interna.
De hecho, aunque los policías cambiaron, las denuncias de las meretrices continuaron. El viernes pasado, Sandra acompañó a Stella Maris Longoni, una de sus compañeras, a la Fiscalía 1 de Rosario para denunciar nuevamente a los nuevos integrantes de Moralidad. Y también mencionó al cabo Sergio Bermejo, uno de los antiguos empleados de Moralidad, denunciado la primera vez y que ahora prestaba servicios en la dirección de Personal. “Stella Maris había denunciado que después de pagar sus cincuenta pesos para trabajar, dos agentes de Moralidad Pública la detuvieron”, dice la abogada. A Longoni se la llevaron a la Jefatura de Policía, días después su denuncia fue publicada en la prensa rosarina. De acuerdo con la publicación, mientras estaba detenida “les advirtió a los gritos” a sus custodios que “se iba a integrar a Ammar para no sufrir más atropellos”. La denuncia, convalidada por Sandra, incluía entre los policías al cabo Sergio Bermejo.
Tres días más tarde, es decir, en la madrugada del lunes al martes, Sandra terminaba su noche de trabajo en la esquina de San Lorenzo y San Nicolás, su parada. En ese momento, una de sus compañeras observó de espaldas al hombre que habría terminado matándola. Cuatro horas más tarde la encontraron muerta en Iriondo 647, a una cuadra de ahí, en una casa particular. De acuerdo con la información del juzgado a cargo de Carlos Carbone, que interviene en el caso, ella tenía el pantalón algo caído, por debajo de las caderas pero con sus prendas íntimas colocadas normalmente. Los peritos encontraron en el piso sólo una caja de preservativos de la marca que usaba Sandra con sus clientes. Los informes preliminares del médico criminalístico y del forense indican que no se encontraron indicios de semen ni de fluidos vaginales o anales. Aunque aún faltan los resultados técnicos del laboratorio policial, estos datos abrieron alguna sospecha sobre el móvil del crimen: “La pudieron haber llevado para ejecutarla directamente”, especulaba ayer una fuente judicial con relación directa en la causa.
Aun así, quienes trabajan en la investigación no descartan ni siquiera la intervención de un psicópata. “Esta mujer tenía varios frentes abiertos”, dice la fuente consultada que sintetiza tres hipótesis: su actividad, considerada de riesgo, los enfrentamientos con el sector de los boliches y la policía.
A primera hora de ayer, como resultado del escándalo ocasionado por el crimen, la Secretaría de Seguridad de la provincia comenzó a concentrar datos, información y antecedentes de Sandra y sus denuncias. Desde temprano tenían la información de la denuncia con el nombre del cabo Bermejo, alguien que tal vez cumplía las funciones de recaudador de una organización que sigue manejando el negocio de la prostitución en la zona de la terminal. A la tarde, el juez Carbone pidió sus antecedentes a la Dirección de Asuntos Internos y ordenó su detención.